El ambicioso plan de inversión municipalista Castellón 135 ya está en marcha. El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad esta iniciativa y la puesta a disposición de los ayuntamientos de la provincia de 12.340.000 € para obras y servicios. «Se trata de que puedan emprender con la mayor diligencia posible las obras y servicios necesarias para mejorar la calidad de vida de sus vecinos», dijo el presidente provincial, Javier Moliner.

Los consistorios castellonenses ya han hecho los deberes y han presentado un total de 271 solicitudes para acometer actuaciones por valor de 10.727.987 euros. Y es que este plan Castellón 135, que viene a sustituir a los antiguos Planes de Obras y Servicios (POYS), facilita que cada localidad presente un plan acorde a lo que más necesita su población.

Al respecto, Moliner sostuvo que la Diputación lo blindará «para que no cree perjuicio a los ayuntamientos y puedan aprovechar el 100% de los recursos económicos para sus vecinos».

Y es que se incluye también la financiación de servicios, un apartado en el que «decenas de consistorios han solicitado financiación en concepto de gasto corriente para 115 proyectos, que dinamizarán socialmente los pueblos, sobre todo los que tienen menos recursos», detalló.

Este renovado programa plantea ayudas a todos los pueblos en función de su población, tamaño y pedanías, con especial atención a aquellos más pequeños, con una inversión cercana a los 11 millones de euros. Cuenta, pues, con una cantidad fija subvencionable que oscila de los 50.000 euros para los de menos de 100 habitantes; hasta los 90.000 euros para los que tengan entre 5.001 y 20.000 residentes.

Por su parte, los ocho municipios de más de 20.000 habitantes van a recibir una cuantía fija: la capital, 300.000 euros; Vila-real, 180.000; y la Vall d’Uixó, Burriana, Almassora, Benicarló, Onda y Vinaròs, ingresarán 150.000.

En otro orden de cosas, en el pleno se constató que el periodo medio de pago a proveedores de Diputación en febrero se situó en 1,65 días antes incluso de plazo.

En ruegos, José Benlloch (PSPV) interpeló sobre las unidades de respiro pendientes que pidieron 31 municipios y Javier Moliner contestó que están trabajando para llevarlo a próximos plenos. También inquirió sobre los desfibriladores para los 135 municipios, a lo que le respondió que «el contrato está adjudicado y es inminente que llegue a los pueblos, junto con un plan de formación de uso», explicó.

PARAÍSOS FISCALES / Iñaki Vallejo (CSeM) pidió que empresas con sede en paraísos fiscales que opten a contratos con Diputación presenten una declaración jurada de ausencia de fines delictivos, para invalidar el acuerdo si al final se prueba que sí. A la iniciativa iba a votar sí Cs y abstenerse PSPV y PP, pero los populares pidieron posponerla para otra sesión para pedir más informes jurídicos y CSeM accedió.