En una provincia en la que 116 de sus 135 municipios tienen menos de 5.000 habitantes, y en la que 49 tienen una densidad demográfica de menos de 10 vecinos por km2, la Diputación ha activado políticas directas de acción territorial, como el foro nacional convocado en mayo, para combatir el éxodo rural, fomentar la igualdad de oportunidades o, al menos, minimizar los daños de esa despoblación que acucia al interior.

Castellón ha conseguido situar el éxodo rural en el agenda de la Unión Europea. Y lo ha hecho desde Partenalia, el lobi europeo de las provincias que preside Javier Moliner, que define el abandono de los pueblos de interior como el «principal reto sociodemográfico de Europa». Pero la batalla se libra en casa. Y la Diputación ha dispuesto unos presupuestos para este 2018 de 135 millones de euros, que se centran en evitar la despoblación.

Tres son los frentes abiertos en las cuentas de la institución provincial para ello. El primero, para el territorio, a través del turismo y el deporte, que a veces van ligados, el desarrollo rural y el fomento del empleo, claves, para los que dedica 16,8 millones, 700.000 euros solo para siete líneas específicas de impulso turístico, y más de la mitad, 450.000 para dinamización del interior. Otros 9,4 se asignan a la recuperación de patrimonio, un flanco vinculado a los anteriores, que genera riqueza cultural, en un turismo cada vez más buscado fuera del de sol y playa. Pero el más importante es la avanzadilla, de 79,5 millones, que se destinarán al plan Castellón 135, ayudas al plan Repoblem y a la mejora de carreteras. Todo suma, y las partidas dedicadas a este tridente, claves, «han aumentado», según fuentes de la institución provincial. Es «una estrategia integral de dinamización», señalan.