La diputada provincial de Acción Social, Elena Vicente Ruiz, se mostró ayer tajante al declarar que el nuevo modelo de atención a la dependencia diseñado por la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra «no funciona». Así se expresó tras conocerse que la plataforma en defensa de la ley de la dependencia pide a Oltra cumplir con el plazo legal de resolución de seis meses que ahora se triplica y que deja a 2.663 dependientes de la provincia en el limbo, es decir, con derecho a prestación y sin percibirla, como publicó Mediterráneo.

Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas han defendido su gestión, al asegurar que la lista de espera en dependencia en la provincia de Castellón ha bajado, pasando de las 5.178 personas que había al inicio de legislatura, a las 2.663 actuales.

LA OPINIÓN DE LA DIPUTADA PROVINCIAL

Al respecto, Vicente Ruiz señaló que «el Consell ha hecho en dependencia lo que está haciendo en muchos aspectos (como con el plan Edificant de construcción de centros educativos), que es delegar más competencias en los ayuntamientos sin dotarlos del personal suficiente».

Y explica que «la Diputación tiene una red de trabajadores sociales; nosotros subvencionamos a los municipios de menos de 10.000 habitantes, mancomunidades y agrupaciones de municipios aportando este personal». «Hace ya tiempo que nos están diciendo que están muy saturados, porque tienen que hacer lo mismo que antes y, además, la valoración de la dependencia y no llegan a todo».

Hasta tal punto es el colapso «que han dejado de hacer otras cosas, porque igual tienen que atender a una familia desestructurada, que a un menor con problemas, el servicio a domicilio y además la dependencia».

«Por mucho que Oltra diga que ha aumentado el personal en los municipios en los que han delegado, los medios son insuficientes, con lo cual el personal se satura», añade. Ello «perjudica a los más vulnerables, mujeres en riesgo de exclusión, familias, dependientes y muchas veces muere la persona con la valoración incluso sin poder percibir nada».

«Delegan competencias pero no va aparejado y no se corresponde con los recursos que ellos aportan a los ayuntamientos. Y eso hace que los servicios sociales, que tienen mucha importancia en los municipios y que hacen de todo, estén saturados», manifiesta.

Añade que ocurre lo mismo con la prestación del Infodona, un servicio que funcionaba muy bien y que se hacía a través de un contrato de servicios a una empresa. Sin embargo, manifiesta que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas resolvieron el contrato y ahora lo asume cada ayuntamiento. Ello, precisa Vicente Ruiz, ha provocado que haya municipios en donde el servicio ha desaparecido y en aquellos en los que se ha mantenido está menos horas.

EL PUNTO DE VISTA DE LA CONSELLERIA

Por su parte desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas defienden que en la provincia hay 7.159 personas percibiendo una prestación o servicio y 2.663 que están en lista de espera, algunas pendientes de valorar, otras ya valoradas a espera de una resolución y otras pendientes de que les asignen un recurso o prestación. Indican que la lista de espera se ha reducido de 5.178 que había al inicio de legislatura, a las 2.663 actuales. «En estos dos años el refuerzo de personal que se ha hecho tanto en la Conselleria como en los ayuntamientos a través del nuevo sistema de servicios sociales ha ayudado a mejorar una cifra, que se prevé que siga reduciéndose en los próximos meses», añaden.

33 En cuanto al motivo de que siga habiendo lista de espera, indican que es el abandono a que el antiguo gobierno sometió la aplicación de la ley de Dependencia durante años y las limitaciones de contratación impuestas por el Gobierno de España. No obstante, destacan el aumento de la inversión que permitirá contratar este año a 231 profesionales para los servicios sociales solo en la provincia.