El Consell Jurídic Consultiu (CJC) se colará en el pleno de mañana de la Diputación de Castellón. Y es que en la sesión se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la que se insta al Consell a modificar la ley que regula el funcionamiento de este organismo para despolitizar el nombramiento de sus miembros. El texto pide convertir el CJC en un órgano que no tenga políticos y sea meramente técnico.

La moción explica en su exposición de motivos que recientemente en Les Corts se aprobó una iniciativa que proponía instar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, «a renunciar a su condición de miembro nato, no electivo, sin haber incurrido en una causa de incapacidad o inhabilitación por sentencia judicial firme, cuando únicamente pueden ser revocados de sus funciones tras una condena en firme». Esta petición fue aprobada en la cámara autonómica con los votos a favor de todos los grupos excepto el PP, que optó por abstenerse, y la razón de la moción era su posible implicación en la presunta financiación irregular del PP valenciano, que se juzga estos días en Madrid.

Según explicó el vicepresidente primero del gobierno provincial, Vicent Sales, la institución es partidaria de «impulsar una reforma de la ley del Consell Jurídic Consultiu o de los estatutos de los expresidentes para hacer un ente sin políticos, para que tenga solo un carácter técnico».

OTRAS MOCIONES // Esta no es la única moción que los grupos con representación en la Diputación de Castellón presentaron para el pleno de mañana por esta polémica cuestión. Y es que los grupos Compromís y Ciudadanos (Cs) denuncian que el equipo de gobierno aprovecha su mayoría absoluta para impedir que prospere la presentación de una propuesta que también insta a Camps a que abandone su cargo en el ente consultivo y renuncie a sus atribuciones. El diputado de Compromís, Pau Ferrando, cree que la presentación de la moción para despolitizar el CJC es un «intento de que no se hable de Camps y de la corrupción en su partido».

58.000 EUROS // Entre otras atribuciones, la actual normativa del ente contempla que los expresidentes de la Generalitat cobran 58.000 euros anuales durante 15 años --en el caso de Camps, hasta 2026--, además de disponer de coche oficial, chófer y secretaria personal, todo a cargo del erario público.