Los colectivos afectados por el copago en servicios para dependientes presentaron ayer formalmente sus alegaciones a la nueva propuesta de la Conselleria de Bienestar Social, que tampoco satisface las expectativas de quienes sienten que se les despoja de recursos mínimos suficientes para poder asumir su situación con dignidad, como explicó el presidente de Cocemfe Castellón y representante del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat (Cermi), Carlos Laguna.

Los discapacitados de Castellón integrados en el Cermi consideran, al igual que el conjunto de la organización, “inasumible que el copago pueda llegar hasta el 90% del coste del servicio y no debe superar el 70%”, indicó Laguna. Además, reclaman criterios de equidad para equiparar a quienes acceden a los servicios por cuestiones de situación de dependencia y por otras circunstancias.

1.500 afectados // En la provincia de Castellón son alrededor de 1.500 las personas con discapacidad que reciben algún tipo de atención en un centro público o concertado y están afectados en mayor o menor medida por el copago. Estos reclaman ahora que desaparezca de la propuesta de aplicarlo a 14 pagas y exigen que la renta que se valore para hacer el cálculo no sea la de la unidad familiar, sino la del contribuyente.

Laguna señaló también ayer que, si Bienestar Social no asume las demandas planteadas, con toda probabilidad, acudirán de nuevo a los tribunales para defender sus intereses. Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Castellón, integrada en la autonómica, los sindicatos CCOO PV, UGT-PV, FSIE-CV y la organización Discapacidad en Marcha, piden en sus alegaciones, presentadas también ayer, la “derogación inmediata” del decreto de copago y de la norma de la dependencia, junto al “inicio de nuevas negociaciones”.

Por último, Aerte, que representa a las residencias y los servicios profesionales a dependientes ha solicitado a Bienestar Social que se resuelvan los expedientes de petición de ayudas pendientes desde el 2011, así como la igualdad real de condiciones de acceso a los servicios de dependencia. H