Dos recursos en un día contra el decreto de plurilingüismo del conseller Vicent Marzà, y ya van cinco. A Anpe, USO y CSIF se sumaron ayer el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular y la Diputación de Alicante con la interposición de sendas apelaciones para pedir la suspensión cautelar de la normativa, que prevé arrancar el próximo curso.
La Diputación dice que «no se ajusta a derecho». Su portavoz, el popular Carlos Castillo, señala que Alicante «es la provincia más castellanohablante» de la Comunitat y que el decreto es «un hecho de discriminación flagrante». Al respecto, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, cree que «las instituciones gobernadas por el PP no se aclaran» porque la Diputación de Alicante presenta un recurso cuando el Gobierno «ha quedado conforme».
El Foro, integrado por las familias de la Concapa de las tres provincias, adscritas a la concertada; la Covapa, donde están la FAPA Gabriel Miró de Alicante, la 9 d’Octubre de Valencia y la Manuel Tarancón de Castellón, minoritarias en la pública, y la asociación Idiomas y Educación, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia. Demanda «la derogación, por suprimir el derecho de los padres a elegir lengua vehicular, generar desigualdades y discriminar».
