El pleno municipal de Castellón aprobó ayer por unanimidad la corrección del artículo 26 de la ordenanza de convivencia ciudadana que, una vez entre en vigor, permitirá seguir bebiendo en la calle en la zona de las tascas. La única diferencia con el anterior es que el permiso especial requerirá la autorización expresa del alcalde. El consistorio dio así cumplimiento de la sentencia del TSJCV del pasado mes de noviembre que declaró nulo ese precepto de la normativa a instancias de Castelló Sense Soroll. El apoyo a la solución promovida por el alcalde Alfonso Bataller fue cerrado, sin que hubiera debate antes de la votación en la sesión.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicará en los próximos días el acuerdo plenario y la apertura del plazo de alegaciones. A partir del día siguiente a la publicación se instaurará en las tascas la ley seca por imperativo legal hasta que el consistorio responda las posibles alegaciones que se presenten y el nuevo artículo sea ratificado de forma definitiva en otro pleno. El consistorio calcula que la prohibición de consumir alcohol en la calle se alargará durante unos dos meses excepto en la semana de Magdalena.
Para adelantarse a lo que inevitablemente sucederá en los próximos días, los empresarios pusieron carteles visibles repartidos por sus establecimientos, recomendando a los clientes beber dentro de las tascas. La Policía Local también envió a la zona a una pareja de agentes, como suele hacer habitualmente, para cumplir la regulación como zona acústicamente saturada (ZAS).
El Ayuntamiento de Castellón da así rápida solución a uno de los conflictos que más debate habían generado entre los castellonenses, dado que la zona de las tascas es uno de los puntos de encuentro ciudadano más masivos de la capital en fin de semana.
NO HABRÁ WIFI LIBRE // Por otro lado, en la sesión, el PP rechazó una moción del Bloc para poner en marcha una red gratuita de conexión wifi a internet desde los edificios públicos, plazas y parques, con especial atención al Grao y a los barrios periféricos.
El teniente de alcalde de Hacienda y portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, esgrimió que el coste de instalar 12 puntos sería de 173.000 euros más otros 30.000 anuales de mantenimiento. Macián defendió que las bibliotecas y salas de lectura municipales ya ofrecen ahora suficientes puntos de conexión.
Desde el Bloc, Ali Brancal, y sus homólogas del PSPV (Patricia Puerta) y EU (Carmen Carreras) dijeron que la red wifi pública permitiría buscar trabajo a ciudadanos sin internet en su casa por su alto coste. “Los próximos analfabetos serán los tecnológicos”, espetó Brancal, recordando que en Valencia hay 109 puntos. H
