La Generalitat, por boca de su portavoz, Mònica Oltra, cuestiona la legalidad y la utilidad del aeropuerto a raíz del expediente informativo que la Comisión Europea ha abierto para conocer si el pago de 24,5 millones de Aerocas a SNC-Lavalin por gestionar la instalación es legal. La foto de portada para el cierre de las playas del Gurugú y el Pinar por vertidos.