El Ayuntamiento de Castellón está dispuesto a agotar todas las vías judiciales para salvaguardar las tascas, incluso a través de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Así lo aseguraron ayer fuentes municipales, si bien admitieron que las probabilidades de prosperar son “mínimas” dado que la sentencia del TSJCV que anuló el nuevo artículo 26 de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana es firme.

El concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, se reunió ayer con los empresarios afectados para analizar los pasos a seguir en los próximos días. De momento sigue en pie la aplicación del citado artículo 26 el próximo viernes por parte de la junta de gobierno local para poner fin a la ley seca este próximo fin de semana. Los técnicos jurídicos municipales estudian la fórmula legal.

Los empresarios salieron del encuentro con Romero muy pesimistas. “El concejal nos dice que no nos preocupemos pero llevamos así tres años y cada día soy menos optimista, creo que las tascas van a desaparecer”, afirmó a Mediterráneo Ernesto Bou, uno de los hosteleros para acusar a los vecinos de Castelló Sense Soroll de pretender su ruina. “Son dos o tres, Pascual Peris y su hijo Carlos, y Pedro Monfort, tienen el negocio del párking y del alquiler de renta antigua que quieren eliminar y van a saco contra nosotros aunque no me explico de dónde sacan el dinero para pagar a los mejores abogados”, señaló ayer el citado empresario.

INVERSIÓN EN BALDE // Los hosteleros de las tascas han invertido en las últimas semanas más de 20.000 euros para instalar los toldos fonoabsorbentes que les obliga la declaración como zona acústicamente saturada (ZAS), pero temen que la inversión caiga en saco roto. “Cada vez sube más el agua, antes estaba en la rodilla y ahora la tenemos en el cuello y nadie quita el tapón”, añadieron los empresarios afectados. H