El pueblo gitano de Castellon quiere justicia, no venganza». Con este lema, unos 300 gitanos llegados de varios municipios de la provincia, Valencia, Cataluña, Teruel y Zaragoza se manifestaron ayer en la capital de la Plana para «mostrar su solidaridad con la familia de Ángel Hernández», un hombre que falleció el pasado 29 de julio a causa de un infarto tras discutir con un vecino (payo) en el grupo Las Brevas y ser rociado con un espray. En la cabecera de la manifestación, la esposa, los hijos y la familia más directa del fallecido, emocionados y clamando «justicia».

El colectivo, que tilda la muerte de «racista», pidió a una sola voz que «se haga justicia» gritando «no al racismo» desde la plaza Tetuán, donde se concentraron, hasta la plaza María Agustina, donde reclamaron frente a la Subdelegación del Gobierno que «los culpables no queden impunes», citando desde al vecino que roció con el aerosol al fallecido hasta la policía y los servicios sanitarios, que, según dijo la familia, «hubieran podido hacer más por salvarle la vida».

«Todos somos Ángel». Fue una de las consignas de los manifestantes, que con pancartas y aplausos querían «visibilizar el dolor de una familia que no quiere que la muerte de su padre quede como un episodio más en la lista de injusticias contra el pueblo gitano, y que se investigue con rigor». Son palabras de Juan de Dios Rodríguez Heredia, exdiputado europeo y voz del pueblo gitano, que ayer ejerció de portavoz de la familia y del colectivo, y fue quien tomó la palabra en la lectura del manifiesto. «La justicia debe estar siempre al lado de los más débiles», dijo, en medio de «toda esta familia extensa». Rodríguez Heredia explicó que ayer mismo supieron, de manos de sus abogados, que el Instituto de Toxicología de Barcelona, encargado de un segundo informe, ha «frenado el expediente». «No hay derecho, queremos saber y queremos que se llegue al fondo de las causas de la muerte», dijo. H