La sola posibilidad de que en el 2019 puedan prorrogarse los plazos de concesión de la AP-7 o, para entonces, se estudien fórmulas que permitan plantear alternativas en su explotación y se eluda, de alguna manera, la prometida gratuidad -como planteó el miércoles el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna- se ha encontrado con el rechazo frontal de los principales colectivos de transportistas, taxistas, empresarios, automovilistas y usuarios castellonenses en general, que lo consideran «especialmente preocupante por motivos de seguridad, debido a la alta siniestralidad de nuestra red viaria», coincidieron en señalar.

A este rechazo social se sumó ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien indicó que «el Consell no lo va a permitir y va a luchar con todas sus fuerzas, con total radicalidad, para que 2019 sea el fin de la autovía de peaje en estas condiciones». Puig añadió que «mientras no haya una solución de gratuidad clara y de accesibilidad para todos los ciudadanos, no se puede plantear una nueva ampliación de la concesión», además de criticar que Fomento no haya dispuesto la apertura de la autopista durante el tiempo que duran las obras en la A-7.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Dolores Guillamón, por su parte, hizo ayer un llamamiento para que «no haya vuelta atrás y se liberalice la autopista, como el propio ministerio ha venido anunciando», recordó Guillamón, quien manifestó que supondría un alivio a la elevada siniestralidad de las carreteras castellonenses, además de las mejoras que supondría para el tráfico de mercancías por carretera, postura que coincidió plenamente con la mostrada por los colectivos de empresarios y autónomos del transporte.

TRAMOS «MUY PELIGROSOS» // En este sentido, el presidente de la Federación Provincial de Taxistas, José Luis Artola, reconoció ayer que las reticencias actuales del ministerio no han sorprendido al gremio del transporte y señaló que «todo lo que no sea la gratuidad total de la AP-7 es una mala noticia», por lo que significa de «aplazar soluciones que permitan acabar con la actual peligrosidad de tramos como los que se dan entre la conexión de la CV-10 y la N-340», sentenció.