La exdirectora general de Turismo y de Grandes Proyectos de la Generalitat valenciana, Cristina Morató, atribuyó ayer al exconseller Gerardo Camps la decisión política de pagar al arquitecto Santiago Calatrava 1,3 millones de euros para completar el precio por el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, informó el abogado de EU que ejerce la acusación popular en la causa.
Morató declaró como imputada ante el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón en la causa que mantiene abierta por presuntas irregularidades en la contratación de Calatrava para el diseño de un edificio por el que cobró 2,7 millones de euros y que nunca llegó a construirse.
Cristina Morató, que rechazó hablar ante los medios, respondió durante más de una hora a las preguntas del juez, el fiscal, su abogado y los del arquitecto, pero no a las realizadas por el letrado de la acusación popular.
Este relató que la exdirectora dijo que en una reunión con el entonces director general de la Sociedad Proyectos Temáticos, Nicolás Figueras, y el conseller Gerardo Camps se decidió pagar a Calatrava, según ella, asesorados por técnicos y abogados de la Generalitat, ante el hecho de que podría presentarse una demanda por parte de Calatrava si no cobraban el importe pendiente.
El representante de EU indicó que otro argumento expuesto por Morató en el mismo contexto fue que el pago se hizo en el año 2011, porque “el trabajo estaba hecho y había que pagarlo”.
Por su parte, el portavoz de EU en Les Corts, Ignacio Blanco, solicitó ayer la comparecencia de Camps y dijo que “la de Morató deja en evidencia la intervención política para favorecer al arquitecto”. En otro orden de cosas, para el próximo día 25 está previsto que declare como testigo Enrique Esteban, jefe de Obras del Ayuntamiento de Castellón. H
