Esquerra Unida, que ejerce como acusación particular en el caso que investiga el pago de 2,7 millones de euros a Santiago Calatrava por el fallido proyecto del Centre de Convencions de Castellón, recurrirá el auto del juzgado que acordó el lunes archivarlo por falta de pruebas. Así lo anunció ayer el portavoz en Les Corts y candidato a presidir la Generalitat, Ignacio Blanco. El diputado recordó que el auto judicial “pone de manifiesto que hay indicios de delito y un elemento que el juez no ha podido dilucidar que es quién era el elemento político” que intervino desde el Consell en la contratación del arquitecto.
Blanco explicó que pedirán que se reabra el caso llamando a declarar como imputados al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al exconseller Gerardo Camps, ya que testigos e imputados aseguraron ante el juez que ambos intervinieron en la contratación de Calatrava. El letrado tiene de plazo hasta el viernes para interponer un recurso de reforma ante el propio juez instructor o bien un recurso de apelación ante la Audiencia.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, indicó que “quienes han utilizado la justicia para hacer política deben pedir perdón o revisar su comportamiento, que solo busca confundir a la ciudadanía”, en alusión a Blanco. La coordinadora del PPCV, Isabel Bonig, pidió la dimisión de Blanco. “No le he escuchado asumir responsabilidades políticas porque esto era el gran fraude y un juez lo ha archivado”. H
