La reciente aprobación del expediente de explotación de la empresa morellana Vega del Coll no resuelve, ni mucho menos, el problema del sector minero castellonense. Dos años después de iniciar la negociación en el seno de la Mesa de la Minería, las posiciones vuelven al inicio y la situación incluso empeora, pues a la falta de actuaciones que resuelvan los retos estructurales (licencias de ampliación que llevan más de una década sin resolver) se suma ahora una situación límite, pues para no ver frenada en seco su actividad las firmas necesitan que el Consell apruebe con urgencia los planes de labores anuales.

Estos permisos tenían que ver la luz a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, pero finalmente esta fórmula no salió adelante y ahora están en el aire, pues a solo cuatro meses para acabar el año no hay ninguna certeza de cómo se articularán por la vía administrativa.

Según el presidente de la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana, Custodio Monfort, de no lograr estos permisos se produciría una situación de «absoluta parálisis» en el sector, lo que podría llevar a las empresas azulejeras a tener que importar más materia prima y, en el caso de los áridos, a una dificultad en el abastecimiento que dificultaría la labor del sector de la construcción.

ESTRATEGIAS DISTINTAS // Además de lo urgente, queda por resolver lo importante, que es la autorización de los 12 expedientes pendientes de resolución existentes en la provincia, muchos de los cuales están ubicados en municipios cercanos al llamado triángulo cerámico, como Vilafamés, Sant Joan de Moró, la Serra o Fanzara. También hay explotaciones en el norte de Castellón (Morella, Traiguera, Santa Magdalena de Pulpis) y el sur (Xilxes).

En este punto, según explica el presidente de la Asociación de Empresarios de Sílices, Caolines y Arcillas, Ricardo Rodríguez, las estrategias difieren, pues si el Consell es partidario de reactivar la redacción de una ley autonómica de minería (una idea que había abandonado en las postrimerías de la anterior legislatura), las empresas optan por resolver las ampliaciones de actividad pendientes «caso por caso».

Esto implica la participación de los ayuntamientos, que son los que deberían realizar modificaciones en sus planes generales. De hecho, el consistorio de Morella ha sido clave para resolver, tras prácticamente dos décadas paralizado, el expediente de Vega del Moll, una firma que con su actividad retiene población en una zona afectada por la despoblación como Els Ports.

Además de que la redacción y posterior tramitación de una normativa es siempre costosa, los empresarios del sector también temen que Generalitat y Gobierno entren en un conflicto de competencias, pues el Estado tiene reservado la elaboración del marco legislativo de las minas.

Eso sí, pide más implicación no solo al Consell sino, sobre todo, a los municipios donde hay instalaciones. En este sentido, el sector prevé aprovechar la próxima reunión de la Mesa de la Minería para exigir canales de interlocución con los consistorios.