Los principios básicos de legalidad en el funcionamiento de la Fundación Municipal de Fiestas se cumplieron», aseguró ayer miércoles el exinterventor del Ayuntamiento de Castellón, Juan Martinez, en su declaración por escrito remitida a la comisión de investigación sobre las cuentas de las fiestas de la Magdalena, y que ayer celebró una nueva sesión.

Martínez añadió, además, que durante toda la etapa en la que ocupó el cargo de funcionario municipal, «los presupuestos, las anualidades y la liquidación del dinero» que se destinaba a los festejos mayores de la ciudad «se ajustaban a la legalidad vigente y la financiación era la correcta».

Por otra parte, tanto Daniel Gozalbo, quien fuera alcalde en 1988, cuando se crea la Fundación Municipal de Fiestas, como el que fuera concejal de Fiestas en aquel año, Clemente Agost, coincidieron en subrayar que la modificación de la estructura en la gestión de los festejos respondió a «una necesidad de cambio, con el objetivo de democratizar las fiestas y abrir la participación a toda la ciudadanía».

Un cambio que significaba también «una autonomía en la gestión de las fiestas, hasta entonces en manos del Ayuntamiento, y que con la nueva estructura pasaba a manos de los festeros, sin injerencia municipal».

La declaración de Gozalbo y Agost fue solicitada por los representantes del PP en la comisión, y así, el edil, Juan José Pérez, les interpeló sobre si eran conscientes de las objecciones que sobre ese modelo ponía la intervención municipal en materia de normativas y cuestiones legales.

Ambos dijeron que «sí, pero que era tal la unanimidad de todos en esa voluntad de cambio, que se deseaba que no se eternizasen los procedimientos administrativos en la gestión».