El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha afirmado hoy que no siente cuestionada su gestión al frente del Consell por la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la compra de la empresa Valmor, organizadora de grandes premios de Fórmula 1 en Valencia. Fabra ha hecho estas declaraciones en Castellón después de que ayer la Fiscalía Anticorrupción presentara en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una querella contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por considerarle responsable del desvío de fondos públicos en la organización de la pruebas de Fórmula Uno celebradas en Valencia.

Tanto a Camps como a la exconsellera Dolores Johnson, se les atribuye los delitos continuados de malversación y prevaricación (a Johnson además el de delito societario), mientras que al empresario Jorge Martínez Aspar el de ser cooperador necesario en los delitos de malversación y prevaricación.

Durante la inauguración de la Línea 1 del TRAM, Fabra ha asegurado estar "muy tranquilo" porque "el informe del fiscal dice que a la junta de accionistas (de la que formaba parte el Gobierno valenciano) no le achaca ninguna responsabilidad".

Fabra ha obviado contestar a la pregunta de si se siente engañado por Johnson, a la que la Fiscalía atribuye la iniciativa en la compra de Valmor.

Sobre la querella, el presidente del Consell ha afirmado: "No entro a valorar el informe del fiscal, lo que sí hemos dicho ahora y siempre es que vamos a colaborar con la justicia para que luego se depuren las responsabilidades de cada uno".

"Quiero dejar una cosa muy clara: que trabajamos para que la Fórmula 1 no siguiera celebrándose en la Comunitat Valenciana por una cuestión económica, porque si no teníamos dinero para poder cubrir las necesidades básicas, difícilmente podíamos mantener un premio de Fórmula 1", ha recalcado Fabra.

El presidente del Consell ha incidido en que el hecho de haber negociado con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, para que la ruptura del contrato no implicara el pago de una indemnización o penalización "por las dos grandes carreras que se tenían que haber celebrado, ha supuesto un ahorro de más de 70 millones de euros" para la Generalitat valenciana.

Según Fabra, "una vez más, hemos priorizado lo que era fundamental: centrar nuestros recursos en sanidad, educación y políticas sociales, y sobre aquello que no se tenía que producir, pues negociarlo y ahorrar".