El Ministerio Fiscal exculpa al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias y pide que se archive su causa y las actuaciones tomadas en su contra dentro de la causa por la financiación del PPCV en la que se investiga las adjudicaciones de contratos de Fitur a Orange Market, la empresa filial en la Comunitat de la trama corrupta Gürtel. La Fiscalía, por contra, sí solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación para la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, y nueve años de inhabilitación para la también exconsellera Angélica Such.

Así consta en el escrito de calificación del ministerio público, en el que se detalla, a través de 49 páginas, que no queda acreditada la participación de Rambla en la contratación de los estands de la Comunitat en la feria de turismo de Madrid. Además, la Fiscalía señala que los regalos que se le atribuían al político castellonense “no han podido concretarse suficientemente”.

El documento pide la apertura de juicio oral contra 13 personas: Martínez; Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), el castellonense Rafael Betoret --que se enfrenta a 11 años de cárcel y 28 de inhabilitación--; Isaac Vidal (exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT) --para quien piden 11 de prisión y 26 de inhabilitación--; Jorge Guarro (jefe del servicio de Promoción de la agencia) --siete años de prisión y 23 de inhabilitación--. A los cargos públicos citados (a excepción de Rambla) les imputa --en diferentes grados-- un delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de malversación de caudales públicos, un delito de cohecho, un delito de falsedad de documento oficial. Asimismo, a los supuestos cabecillas de la trama les imputa un delito continuado de tráfico de influencias, delito continuado de malversación de caudales públicos, cooperadores del delito de falsificación de documento oficial y cohecho.

Fiscalía ha presentado su escrito de calificación el último día de plazo otorgado por el magistrado que instruye el procedimiento, José Ceres. En el texto, detalla la forma en la que Francisco Correa creó un grupo de empresas, dedicadas principalmente a la publicidad y la organización de eventos y viajes, y cómo extendió su actividad a la Comunitat. En concreto, expone que entre los años 2004 y 2009, las sociedades de Correa suscribieron “numerosos” contratos con diversos organismos públicos de la Generalitat, especialmente con la Conselleria de Turismo a través de la AVT.

Así, algunas de estas sociedades fueron adjudicatarias de los contratos de la feria Fitur entre 2005 y 2009, y de otras ferias en las que participaba la autonomía. El importe total facturado a la administración pública por este grupo asciende a 5.027.604 euros, según concreta el fiscal, quien añade que en el curso de esta contratación obtuvieron unos beneficios ilícitos por duplicidades de pago, en relación con los servicios contratados, o por sobrecostes en la facturación, por un importe conjunto de, al menos, 298.380 euros.

LA FIESTA Y LOS REGALOS // El escrito detalla que Milagrosa Martínez, en Fitur 2005, contrató junto a Rafael Betoret gastos por 23.705 euros una fiesta nocturna en una discoteca de Madrid. Ese mismo año, el almuerzo del Día de la Comunitat se le encargó a el Bigotes, quien facturó 149.035 euros. También hubo regalos efectuados por los líderes de la trama. “Pañuelo consejera Loewe. Medidas Rafael Betoret-Milano”, reza una nota. Igualmente, consta un reloj a Martínez por 2.400 euros; y regalos de Navidad a ella, Such, Betoret, Vidal y Grau.