La Guardia Civil denunció en el 2011 ante el juzgado el abandono que presentaba la nave de Porcelanatto y el amianto que acumulaba. 469 días después no se sabe qué pasó con aquella denuncia en la Ciudad de la Justicia de Castellón. La fiscalía, que disponía de una copia, ha logrado, tras la denuncia pública hecha por Mediterráneo, que se reasigne el caso a un juzgado para que investigue definitivamente el caso.

Los hechos fueron notificados en octubre del 2011 por la Guardia Civil al decanato de la Ciudad de la Justicia. En concreto, el Seprona puso en conocimiento de los juzgados un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras observar el estado de abandono de las instalaciones de Porcelanatto. Los agentes alertaron del riesgo de desprendimiento de materiales y el peligro para la salud pública que presentaban los residuos tóxicos en forma de fibrocemento fracturado, un material peligroso por ser cancerígeno.

El original se presentó, según fuentes de la Guardia Civil, en el decanato el 11 de octubre del 2011. Este órgano, a su vez, debió encomendar a un juzgado que lo investigara. La Fiscalía, por su parte, recibió una copia del mismo, pero, según fuentes del ministerio público, no podían iniciar una investigación, dado que los hechos ya estaban siendo instruidos por un juez.

Sin embargo, se desconoce a qué togado le fue asignado el caso y por tanto, si se ha archivado, se ha traspapelado o si siguen en marcha las investigaciones. En estos momentos, según el TSJCV, está intentando reconstruir la sucesión de hechos relacionados con esta denuncia y han eludido manifestarse al respecto.

Desde la Fiscalía Provincial recuerdan que solo el año pasado se instruyeron 52.000 diligencias y que en los juzgados se trabaja con papel, lo que podría explicar por qué resulta complicado averiguar qué fue del expediente.

Por ahora, desde el TSJCV solo confirman que existe una denuncia de fecha 18 de enero del 2013, que ha sido repartida a Instrucción 3 y que no existe ningún antecedente registrado. Precisamente se trata de la copia que conservaba la Fiscalía, en la que consta un registro de entrada con fecha anterior, del 2011.

En caso de que se averiguara a qué juzgado fue asignado el caso en su día, el juzgado nº 3 se inhibiría en su favor, según fuentes informaron judiciales.