La agencia de calificación Standard and Poor’s considera que el Gobierno central deberá pronunciarse en un periodo de 90 días cómo pagará la compensación a la empresa Escal UGS por su renuncia a gestionar el proyecto Castor.

Así lo comunicó ayer la firma a los bonistas, que dieron el visto bueno a la renuncia, e indicó que o bien el Estado abona la indemnización entera (unos 1.400 millones) o bien la planta de gas entrará en el sistema de remuneraciones de la red gasista. Con todo, la agencia mejora ligeramente la calificación de los bonos (que fueron considerados como basura tras la paralización de la actividad), aunque las perspectivas son negativas.

Por otra parte, el Ministerio de Industria aún no se ha pronunciado de qué manera pagará la compensación, a pesar de que ha asegurado que su coste no recaerá en el recibo de gas de los españoles. H