Haga una prueba. Coja su smartphone y busque en Google la frase apartamentos turísticos en Castellón. Solo en la plataforma Airbnb aparecen más de 4.100 referencias de la Costa Azahar. En Booking hay registradas otras 840. En el muestrario se incluyen desde habitaciones en pisos de la capital, estudios, áticos, viviendas de hasta cuatro habitaciones, casas rurales, villas con jardín, piscina y barbacoa en Peñíscola o Alcossebre... Sus precios, desde 12 euros la noche por persona a más de 100 euros en alojamientos que se anuncian como "de lujo" o situados "en primera línea de playa". Hay apartamentos que se alquilan por días. Otros lo hacen por semanas e incluso también por quincenas.
Aunque no todos los apartamentos turísticos que se anuncian por internet, se publicitan a la entrada de un supermercado o en las farolas de cualquier paseo marítimo son ilegales, la bolsa de viviendas que en la provincia se alquilan en negro sigue siendo imponente. Y eso que en los últimos años tanto el Ministerio de Hacienda como la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) han doblado la presión y han sacado a la luz miles de viviendas que se arrendaban al margen de la ley. La lucha contra los alquileres sumergidos está inacabada y se calcula que solo en Castellón aún quedan unas 9.000 viviendas que incumplen la normativa.
El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), con datos del 2016, calcula que en Castellón el 40% de los alquileres de vivienda no se declaran y, por tanto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) deja de ingresar cada año unos 20 millones de euros. En el caso de la Comunitat Valenciana, el montante asciende a 253 millones de euros (hay 93.600 alquileres sumergidos), mientras que en el conjunto del país son 1,3 millones de casas cuyas rentas no están siendo declaradas. «La tendencia cada vez es a un mayor cumplimiento, aunque el fraude todavía es elevado», apunta José María Mollinedo, secretario general de Gestha.
Que los alquileres sumergidos siguen estando a la orden del día es algo que también confirman quienes en Castellón se dedican a arrendar viviendas vacacionales de manera legal. «En los últimos años se ha mejorado mucho, pero sigue existiendo una importante cantidad de apartamentos que actúan de espaldas a la ley», coinciden en dos agencias inmobiliarias de Orpesa y Peñíscola. «La mayoría de quienes no están regularizados son propietarios de viviendas turísticas que todos los años tienen una clientela fija o que funcionan por el boca a boca», describen en otra inmobiliaria, esta vez en Benicàssim.
La bolsa de alquileres no declarados sigue siendo abultada y eso que tanto el Ministerio de Hacienda como el área de Turismo de la Generalitat han salido a la caza de quienes se saltan la ley. Durante el 2017, el departamento que dirige Cristóbal Montoro remitió en el conjunto del país más de 135.000 cartas a contribuyentes sospechosos de alquilar sus viviendas de espaldas a la ley y a los que recordó que debían tributar esas rentas que, además, tributan de manera diferente que el alquiler no vacacional.
HACIENDA INTENSIFICA LA PRESIÓN
La opacidad fiscal que generalmente rodea el negocio de los alquileres podría acabar el próximo mes de julio, cuando entre en vigor una nueva obligación fiscal que exige a las plataformas online informar sobre los arrendamientos registrados. El plazo para informar a la Agencia Tributaria sobre los alquileres de este verano julio, agosto y septiembre) finaliza en octubre, mientras que la información referida a los alquileres del primer semestre de este año tiene como fecha límite el 31 de diciembre.
La lista de datos que tendrán que facilitarles las webs donde se publicitan pisos en alquiler es amplia y va desde la identidad del propietario y de los inquilinos, a la dirección completa del inmueble (incluida la referencia catastral), el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos o ingresos percibidos.
La AVT también está consiguiendo acorralar a quienes se saltan la ley. Gracias a las inspecciones del departamento autonómico de Turisme, durante los cuatro últimos años han afloraron 7.500 alojamientos clandestinos en Castellón. Y para este año la previsión es seguir con más inspecciones en localidades como Peñíscola u Orpesa. H
