La huelga de examinadores de Tráfico, celebrada ayer a nivel nacional para reivindicar mejoras salariales, provocó la cancelación de 65 exámenes prácticos en Castellón, según explicó a este periódico la Asociación Provincial de Autoescuelas. Y es que seis de los siete funcionarios de plantilla con los que cuenta la provincia (uno de ellos está de baja) secundaron el paro convocado por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), que se manifestó ayer frente a la DGT en Madrid.

Únicamente los tres examinadores itinerantes, destinados en Castellón como refuerzo, celebraron sus pruebas, por lo que la gran mayoría de los test tuvieron que aplazarse hasta el lunes.

Asextra prevé nuevos paros a partir del próximo día 19 y también durante el mes de julio si no recibe una respuesta sobre la solicitud «más que justa», inciden, de la subida de complemento específico al colectivo examinador.

Antonio Pertegaz, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón, teme que nuevas huelgas devuelvan a la provincia a la situación de «colapso» en la realización del examen práctico que venía padeciendo desde hacía meses, tal y como denunció este diario.

Una circunstancia que había conseguido superar recientemente gracias a los tres funcionarios itinerantes que la DGT había traído a la capital de la Plana, con el fin de descongestionar las largas listas de espera acumuladas.

UNA VUELTA ATRÁS / «Castellón había logrado ponerse casi al día en la realización de exámenes de conducir, después de mucho tiempo denunciando el caos que vivíamos. Ahora mismo solo existe una semana de retraso, pero si las manifestaciones comienzan a sucederse de forma regular, en verano podemos volver a los dos meses de espera para hacer el examen», asegura Pertegaz.

Además de la reivindicación histórica de ampliar la plantilla de examinadores de Castellón, las autoescuelas propusieron este año que los funcionarios pudieran realizar horas extra para paliar los retrasos en la realización del examen práctico. Una solicitud que la DGT y la Subdelegación del Gobierno se comprometieron a estudiar y proponer a los examinadores, pero que no prosperó porque los funcionarios, que tenían la última palabra al respecto, declinaron aceptar la propuesta de las autoescuelas.