Vestido de traje, con un cartel con el hashtag #Turnodeayuno, su toga de letrado puesta y de guardia en el turno de violencia de género en Castellón. Así comenzó su particular huelga de hambre ayer el abogado Javier Díaz-Flores, de 34 años, quien ha decidido iniciar un ayuno con el objetivo de “protestar por los continuos impagos a los letrados de oficio”.

Según afirma, a él le deben este año más de 4.000 euros por sus servicios en la provincia, aunque, tal y como explica, esa cifra casi se duplica si se tiene en cuenta que también trabaja en Valencia.

La Generalitat todavía no ha abonado la deuda que mantiene con los abogados de oficio de Castellón por los turnos del segundo trimestre del año, aunque los pagos están aprobados y tramitados. Un montante que asciende a 487.622 euros, según ha confirmado el Colegio de Abogados. Ahora es la Conselleria Hacienda la que debe realizar el pago efectivo. La misma está a la espera del dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que servirá para liquidar la deuda.

LA DEUDA TOTAL // Una cantidad a la que deben sumarse los 364.757 euros del tercer trimestre y que arrojaría una deuda total en el 2015 de 852.379 euros, según reveló ayer el decano de los letrados, Antonio Esteban, a este diario.

Díaz-Flores critica que los recortes en Justicia “no están en la agenda política” y que, según sostiene, “todo el mundo habla de la Educación y Sanidad, pero parece que a nadie le importa la Justicia, un área que simboliza la esperanza para mucha gente”.

El abogado castellonense pretende llevar a cabo su ayuno y continuar atendiendo a sus obligaciones, intentando que su malestar y reivindicación no afecten al servicio que ofrece. Su objetivo es que su huelga se desarrolle en paralelo a la campaña electoral para las elecciones generales del próximo día 20, que comienza este viernes en toda España.

“Estoy harto de las promesas y buenas palabras. Todo se queda en discursos y dejan que las cosas sigan igual. Esta es la única forma de darle visibilidad al problema”, explicó ayer a Mediterráneo ante la puerta de la Audiencia Provincial.

El decano del Colegio de Abogados dice que el enfado es “comprensible y legítimo”, aunque puntualiza que la Conselleria de Justicia ya lo ha tramitado. H