El Ayuntamiento de Castellón solicitará antes del próximo 30 de mayo la revisión a la baja de los valores catastrales de la capital. Esta es la fecha tope para acogerse a una de las alternativas planteadas al consistorio por la Gerencia Territorial del Catastro para reducir el valor de los inmuebles residenciales y acercarlo a los precios del mercado.

La ley del catastro inmobiliario contempla la posibilidad de actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que se establecen en función de las características específicas del municipio. Para ello, no es necesario acometer una revisión general de la ponencia catastral, como hasta la fecha se venía haciendo, lo que podría demorar el proceso durante varios años.

En este caso, la rebaja tendrá un carácter lineal, para todos los inmuebles que sean de naturaleza urbana. Así, será el catastro el que determinará el porcentaje a la baja que se aplicará en Castellón, que podría rondar el 8%, tal como se ha aprobado ya en algún municipio de la provincia.

CONDICIONES

La revisión de los valores catastrales no se puede solicitar hasta que han transcurrido cinco años después de la aprobación de la anterior ponencia. En Castellón, este periodo ya ha pasado. Una de las condiciones para solicitar el ajuste es que los valores catastrales, los que se aplican para cobrar el recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI), estén por encima del 50% del valor de mercado.

La primera decisión política de la alcaldesa, Amparo Marco, en este 2017 fue solicitar al Ministerio de Hacienda que iniciase el procedimiento administrativo para bajar los valores catastrales de los inmuebles. Marco ha reiterado en varios ocasiones la voluntad del gobierno municipal de Castellón de que «los valores catastrales, que sirven para calcular el pago de impuestos, como el caso del IBI, no sean lesivos para la ciudadanía».

La primera edila insistió en que la revisión de valores catastrales realizada en el 2011, y que entró en vigor en el 2012, ha elevado de forma «sustancial» la cuantía del recibo del IBI, de manera que inmuebles que han visto devaluado su valor en los últimos años están pagando impuestos acordes a los valores anteriores a la crisis.