La ley de la dependencia, una de las normas bandera del Ejecutivo socialista, podría sufrir una de las primeras cercenaduras del “severo plan de ajuste” anunciado por el PP. La reforma, según publicó este periódico el pasado sábado, endurecerá las condiciones de acceso a la prestación y dejará sin esta a 165.512 personas a las que se les ha reconocido un grado de dependencia moderado y están a la espera de que se les conceda la ayuda.
Todo indica que Se hará por vía de urgencia antes de febrero para impedir la entrada en vigor del calendario de aplicación de los nuevos baremos y acabar con el “coste inasumible” de 6.000 millones de euros anuales que supondría a los nuevos presupuestos.
