Desde el año 2012, fecha en la que entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, todos los ayuntamientos están obligados a gastar menos de lo que ingresan. No tienen libertad para reinvertir el superávit en los proyectos que cada equipo de gobierno local considere prioritarios para su municipio y solo pueden gastar, y a cuentagotas, en unos determinados proyectos.

La ley permite destinar parte del remanente a amortizaciones deuda y a ejecutar obras en alumbrado, distribución del agua, reparación de carreteras o parques... Poco más. Esas son algunas de las obras que hasta ahora han podido acometer las administraciones locales con superávit, en las llamadas «inversiones financieramente sostenibles», según impuso el Gobierno central para contener el gasto y mantener la senda de estabilidad. Es decir, los ayuntamientos podían destinar sus ahorros a proyectos que no acarrearan un gasto adicional posterior en mano de obra o en consumo de bienes y servicios. Pero los alcaldes llevaban mucho tiempo reclamando que estos ahorros pudieran destinarse a gasto social, que siempre ha quedado excluido del paquete de inversiones permitidas por el Gobierno central.

PROYECTOS CON CADUCIDAD // Hasta ahora el Estado tampoco ha dejado que los ayuntamientos toquen esos depósitos bancarios para la compra de mobiliario o vehículos, con la excepción del transporte público. Hacienda también puso fecha de caducidad y de vida útil a los proyectos que pueden realizar los ayuntamientos con superávit: no se podían destinar esos fondos a iniciativas con una vida útil inferior a los cinco años y las obras deben ser terminadas dentro del año.