La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal contra los responsables del Ayuntamiento que desde finales del año 2008 hasta mediados del 2012 tuvieron competencias en materia urbanística y sancionadora sobre las viviendas ilegales de la Marjaleria. Fuentes municipales y del grupo ecologista Gecen --impulsores de la denuncia que ha dado pie a esta investigación judicial-- confirmaron ayer este extremo.

El fiscal instructor ha remitido un escrito al Ayuntamiento para identificar a quienes han ostentado esas competencias en ese periodo de tiempo. Según señalaron fuentes municipales, esas personas son el exconcejal de Urbanismo, Javier Moliner; el actual titular de la cartera, Miguel Ángel Mulet; el edil de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, al tener las competencias en materia de disciplina urbanística; y el coordinador general del área de Urbanismo, el funcionario Javier Vidal. La Fiscalía, según las citadas fuentes, ha abierto esta nueva diligencia para investigar si desde el consistorio ha podido cometerse un delito contra la ordenación del territorio. De momento no ha trascendido si esas pesquisas también afectan a otras administraciones con competencias urbanísticas como por ejemplo la Generalitat.

El Ministerio Público centra el foco de la investigación penal sobre 67 de los más de 700 expedientes sobre infracciones urbanísticas en la Marjaleria no sancionadas que el Gecen le remitió. Esos 67 expedientes corresponden a viviendas que fueron construidas en suelo no urbanizable protegido desde finales del 2008. Los expedientes que databan desde el año 2006 hasta esa fecha fueron desechados ya que las supuestas ilegalidades urbanísticas habrían prescrito.

La portavoz municipal de EU, Carmen Carreras, atribuyó ayer a esta investigación el hecho de que en lo que llevamos de año se han aprobado ocho órdenes de demolición de casas pese a que el PP durante años “miró a otro lado en el urbanismo”. Carreras anunció que pedirá explicaciones el próximo lunes a Mulet. H