Farmacéuticos, discapacitados y jubilados valoran positivamente el fin del copago farmacéutico para los más desfavorecidos anunciado por la consellera de Sanidad Carmen Montón, aunque urgen a ponerlo ya en marcha.

Desde la Unión Democrática de Pensionistas de Castellón, Francisco Caparrós, aplaude el anuncio de la consellera diciendo que “esta medida beneficiará a las personas que más lo necesitan, ya que había mucha gente que no podía pagar sus medicinas”.

Por su parte, Miguel Benages, presidente provincial del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, lo ve una “muy buena noticia” y apremia a “que se haga lo antes posible”. “El mundo de la discapacidad está económicamente mal, son personas con necesidad de medicación prácticamente diaria, de por vida y en cantidad, y por más que estén incluidos en la Seguridad Social, asumir los costes es complicado”, valora.

Asimismo, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, señala: “Todo lo que sea facilitar ayuda a la gente que tenga pocos recursos me parece positivo y esta medida beneficiará al bienestar de muchísimas personas. Si hay fondos y se puede hacer, adelante”. No obstante, pide que no sea a costa de un mayor endeudamiento.

BENEFICIARIOS // El PSPV de Castellón calcula que más de 110.000 personas mayores y discapacitados se beneficiarán de la eliminación del copago farmacéutico para pensionistas con rentas de menos de 1.000 euros y discapacitados y cifra en 107 euros anuales el ahorro medio por persona.

La secretaria de Bienestar Social de la ejecutiva provincial del PSPV de Castellón, Rosa Marco, manifiesta su alegría por el cumplimiento de una promesa electoral que “viene a reparar el agravio con las personas discapacitadas y pensionistas cometido por los gobiernos del PP estatal y autonómico”. Asegura, asimismo, que un 35% de las personas mayores y discapacitados de la provincia vive en la actualidad bajo el umbral de pobreza.

Una medida, no obstante, que sigue sin fecha de aplicación, según la Conselleria de Sanidad, que avanza que es un compromiso electoral y que se está trabajando en estos momentos para evaluar el impacto de la medida lo más ajustadamente posible, tanto en beneficiarios como en gasto, para podar aplicarla, aunque no esperan que se tarde dos años en llevarla a cabo. H