¿Qué tienen en común Francisco Camps, Jaume Matas, Dolores Vázquez o José Bretón? Salvando las distancias, todos se han sentado en el banquillo de los acusados y todos forman parte de la lista de los casi 5.500 acusados que han pasado por el veredicto de un jurado popular. Lo han hecho en las últimas dos décadas, porque este 2015, el tribunal popular está de aniversario. Se cumplen 20 años desde que en el año 1995 se aprobó la ley del Tribunal del Jurado, una normativa impulsada por el entonces ministro de Justicia, el socialista Juan Alberto Belloch,
y que nació con el objetivo de acercar la administración de justicia a los ciudadanos.
En España, y en estos últimos 20 años, han entrado en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción (desde el 2005 también en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer) un total de 10.407 procedimientos de Ley de Jurado. Más de la mitad han terminado en juicio y un 89% de las vistas con ciudadanos ha terminado en condena, según los datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). El último de los juicios con jurado tiene lugar esta misma semana. En Santiago de Compostela acaba de arrancar el llamado caso Asunta, en el que un tribunal popular juzga a Rosario Porto y Alfonso Basterra, acusados de la muerte de su hija Asunta.
Si en España han sido más de 10.000 los pleitos, en Castellón las sentencias dictadas en juicios de jurado ascienden a 64. Cada año se celebran en la provincia entre uno y seis procedimientos de este tipo, unas cifras que se mantienen estables desde que en febrero de 1996 tuviera lugar el primer juicio por jurado. De esas 64 sentencias, según las últimas estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana (TSJCV), 55 han sido condenatorias, el 86%.
Durante todo este periodo, el jurado popular se ha consolidado como un elemento más de la Justicia. Y eso que no es un sistema barato. Celebrar un juicio con tribunal popular cuesta de media 3.000 euros. Hay que citar a 36 personas (finalmente son seleccionadas 11, nueve integrantes y dos suplentes) y cada miembro del jurado recibe 67 € por cada día que dure el juicio, gastos de desplazamiento y manutención aparte. Un juicio en un tribunal profesional tiene un coste de unos 1.300 euros, según algunas estimaciones de la judicatura.
Aspectos económicos aparte, el tribunal popular siempre ha caminado entre dos aguas. Por un lado están los defensores, para los que la institución ha funcionado bien. Del otro lado están quienes ponen en duda la profesionalidad del jurado, sobre todo en casos complejos e incluso aquellos marcados por su relevancia mediática, como el caso de los trajes del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps (fue declarado no culpable de cohecho impropio) o en su momento el juicio a Dolores Vázquez, condenada por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof y luego absuelta por el Supremo.
DELITOS QUE SE JUZGAN // En Castellón, la primera conclusión, según jueces y abogados, es que el jurado popular no se aplica con demasiada frecuencia. 64 sentencias en dos décadas saben a poco, sobre todo si se tienen en cuenta los miles de procesos que pasan por los juzgados de la provincia cada año. “De los datos de estos 20 años, podemos concluir que el jurado se aplica poco porque son pocos los delitos sobre los que tiene competencia”, argumenta José Manuel Marco, presidente de la Audiencia de Castellón.
La ley de 1995 establece que los ciudadanos juzguen una docena de infracciones al Código Penal: homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada e incendios forestales, así como diversos delitos cometidos por funcionarios públicos. Y entre ellos, el cohecho impropio que en enero del 2012 sentó en el banquillo a Camps frente a sus conciudadanos.
En la judicatura y también en el ámbito político cada vez son más las voces que apuntan a la necesidad de introducir cambios en la ley. Esta misma semana, coincidiendo con el inicio del juicio del caso Asunta, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunciaba que no descartaba revisar el modelo, valorar cómo ha funcionado y si tiene sentido mantenerlo o ir hacia un modelo mixto en el que “se sienten juntos ciudadanos y jueces o profesionales”.
El presidente de la Audiencia de Castellón no cuestiona el modelo, pero sí ve necesario revisar el catálogo de los delitos juzgados por un jurado. “Tal vez sea el momento de repasar ese catálogo y de valorar si es necesario modificar la normativa cambiando unos delitos por otros, favoreciendo la salida de aquellos que requieran conocimientos técnicos, como el cohecho, la malversación o negociaciones prohibidas, y dando entrada a otros que puedan ser más fáciles de valorar, como las lesiones”, apunta Marco.
Pero, ¿qué piensa el pueblo? Entre los algo más de medio centenar de ciudadanos de Castellón que han sido miembros de un jurado popular hay opiniones para todos los gustos. Mediterráneo ha hablado en los últimos días con dos de ellos, José Luis y Laura. La ley no permite desvelar su identidad ni tampoco dar detalles sobre los juicios en los que tomaron parte. “Recuerdo que entre los miembros del jurado había de todo, un panadero, una ama de casa, un universitario, un profesor... y había división de opiniones. Una parte pensaba que el jurado popular no era útil, que para eso hay jueces; otros defendían que la gente corriente valora más los sentimientos”, recuerda José Luis. Laura apela a la responsabilidad que supone ser jurado. “Es bueno que el ciudadano se implique, pero da vértigo pensar que el destino de una persona depende de tu veredicto”. H
