El conseller de Industria, Máximo Buch, se reunió ayer en Madrid con el secretario de Energía del Ministerio de Industria, con el objeto de trasladarle los efectos muy negativos que la reforma eléctrica que tramita el Gobierno tendrá en un sector clave para la provincia de Castellón como es el sector azulejero. Tras el encuentro, Buch aseguró que hay predisposición por parte del Ejecutivo central de revisar el borrador de la ley e introducir modificaciones técnicas que permitan mejorar la retribución a las plantas de cogeneración por la producción de electricidad, lo que minimizaría el impacto de un tasazo que, de aplicarse tal cual está ahora, desembocaría en la pérdida de 3.000 empleos y el cierre de empresas, tal y como vaticina la dirección de la patronal azulejera Ascer. La solución se buscará en las dos próximas semanas, porque el Gobierno quiere tenerla aprobada en mayo, sin que se haya concretado nada más al respecto.

La foto de portada es para la inauguración de la gran muestra ‘Magníficat’, la exposición que alberga la Sala San Miguel de la Fundación Caja Castellón y que recoge las mejores piezas del arte sacro contemporáneo --de los últimos 50 años--, generado en la Diócesis de Segorbe Castelló. La cita, abierta al público hasta el 31 de mayo, se enmarca dentro de los actos programados para celebrar el II Año Mariano de la Mare de Déu del Lledó.

En clave política, dos titulares. La ratificación de Francisco Camps de que “la Generalitat siempre actuó bajo el imperio de la ley”, después de que ayer volviera a declarar como testigo en la investigación judicial que se sigue, dentro del caso Nóos, por la organización de la Valencia Summit por el marido de la Infanta Cristina. Del otro lado, la declaración del secretario general del PSPV, Ximo Puig, que ayer afirmó que por su parte se da por zanjada la crisis abierta en el PSOE de la capital tras la salida de Calles al grupo de no adscritos por su mala relación con la portavoz municipal, si bien lamentó que su excompañero de filas no haya renunciado al acta de concejal, en lugar de ser un tránsfuga.

La información de primera página se completa con la polémica por el recorte de líneas en valenciano del Consell, que va a más por la negativa de los padres a aceptar la argumentación de la consellera María José Català; y el nuevo temblor de 1,8 grados en la escala Richter que se ha registrado en las inmediaciones del almacén de gas Castor, frente a Vinaròs, sin que el Ministerio de Industria dé ninguna respuesta acerca del futuro de la planta. Por último, la Generalitat, por boca de su presidente Alberto Fabra, confirmó ayer que los préstamos que concederá a los estudiantes universitarios para que puedan cursar sus grados y posgrados tendrán un valor máximo de 9.000 euros y tendrán un interés del 6%, a devolver en cuatro años a partir de la finalización de los estudios.