El pulso judicial que mantienen desde hace más de cuatro años la Asociación Castelló Sense Soroll y los empresarios de las tascas se resolverá en el Tribunal Supremo en un plazo aproximado de dos años.

Hasta que los magistrados se pronuncien, el futuro de los ocho negocios emplazados en las céntricas calles Isaac Peral y Barracas permanecerá en el alambre agarrados a la moratoria en la ley seca que un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) impuso a finales del año pasado 2011 ante la incredulidad de todos los empresarios afectados y de las altas esferas del propio Ayuntamiento de Castellón. Pero sobre todo de los miles de usuarios que cada semana visitan el citado espacio, uno de los de ocio más concurridos y emblemáticos de la capital, en lo que es uno de los puntos de ocio más visitados, a la par que pacíficos.

Esta es la radiografía de un espacio que un grupo de vecinos amenaza con hacer desaparecer por la vía judicial.