La lista de espera para las ayudas a la dependencia en la provincia de Castellón es «abultada», según recoge el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que constata que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas atendió, en la Comunitat, el año pasado a 9.924 personas más que en el 2016. Este incremento también se registró en la provincia con 1.000 beneficiarios más, pero a 1 de marzo de este año, sigue habiendo 2.499 castellonenses esperando una resolución. El sistema atiende ahora a 7.287 personas en la provincia.

El documento reconoce «la mejora en los indicadores de cobertura y de gestión, lo que hace que la Comunitat haya abandonado, el último o penúltimo lugar que venía ocupando en el ránking, pasando de una puntuación global de 0 a un 3,2». De todos modos, los resultados siguen dando un suspenso a la gestión de la dependencia que realiza el departamento de Mónica Oltra si se tiene en cuenta que la media estatal está en 4,62 puntos. Comunidades como Madrid, las dos Castillas, País Vasco, Galicia o Andalucía, entre otras, están por delante.

El informe hace hincapié en otro problema que plantea el sistema de la dependencia en la Comunitat Valenciana. «Lamentablemente el crecimiento anual de más de 9.924 nuevos dependientes se centra mayoritariamente en las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, por lo que la Comunitat debería en los próximos meses centrar su crecimiento en servicios profesionales, tanto de atención en la proximidad, como servicios residenciales», asegura el Observatorio. Además, indicó que de las estadísticas se extrae «un nulo desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio, Prestación Profesionalizada del Asistente Personal y Servicios Residenciales, los cuales durante el pasado 2017 han sido prestados a través de la Prestación Vinculada Garantizada».

Cuidador familiar

En este sentido, desde la Plataforma en Defensa de la Dependencia de Castellón han lamentado que la mayoría de nuevas resoluciones se deba a ayudas «low cost» para cuidados en el entorno familiar, que no superan los 300 euros. «Estas prestaciones son mucho más baratas, por ejemplo, que la asistencia en una residencia que puede rondar los 2.000 euros al mes», informó Carmen Santamaría, quien lamentó la falta de plazas tanto públicas como concertadas a este respecto. De igual modo, remarcó que la lista de espera decrece de forma «muy lenta».

El problema se debe, como la plataforma ha denunciado en reiteradas ocasiones, al hecho de que las valoraciones se hayan agilizado al asumir los Servicios Sociales municipales estas labores, pero, una vez se remite el expediente a la Conselleria, allí se paralizan por falta de medios para resolver la prestación que debe recibir un solicitante de acuerdo al grado de dependencia que le ha sido reconocido.