El claustro de la Universitat Jaume I (UJI) aprobó ayer por unanimidad en una sesión extraordinaria “exigir al Ministerio de Educación la retirada del real decreto-ley del Gobierno de Rajoy las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, porque “conlleva el ataque más grave al proyecto de la UJI desde su nacimiento, en 1991”.

En un comunicado, el rector, Vicent Climent, incidió en que “uno de los objetivos fundacionales de la UJI fue dar un servicio de educación superior de calidad a Castellón y sus comarcas. En estos años, la UJI se ha consolidado como una universidad de referencia, con una oferta de grados y másteres de primer nivel que ha permitido la internacionalización. Además, la UJI ha tenido un gran impacto económico y social en Castellón, generando riqueza, ocupación calificada y un nuevo foco cultural”. Todo eso, señala Climent ,“está en peligro”. “Ahora, con la subida de tasas y la revisión y disminución anunciada del mapa de títulos oficiales, un segmento importante de estudiantes no podrá matricularse o lo deberá hacer en otros estudios que los que había considerado, porque un porcentaje significativo de estudios oficiales del campus de Riu Sec corren un serio peligro de desaparecer”.

CONTRA LOS PEQUEÑOS // A todo esto hay que añadir, dijo, “la posibilidad que abre el decreto a fusiones de universidades, lo que es una amenaza evidente para las pequeñas, como la UJI, y que nos haría retroceder a la situación que se superó hace 21 años con el esfuerzo de toda la sociedad civil y la conversión del CUC en la universidad tan beneficiosa para nuestro territorio”, apeló.

Uniéndose a la petición ya consumada de la Universitat de València a principios de este mes de mayo, y apoyando tácitamente las acciones que se están desarrollando en la educación pública no universitaria, la UJI pone el acento en que “es el ataque más grave a la educación del periodo democrático; un sistema que ya es solidario con la extraordinaria situación económica, habiendo asumido recortes en sueldos y recursos”, y añade que supone un recorte sobre recorte, tras el decreto de la Generalitat de enero, atentando “contra la autonomía de la Jaume I”, apostilló. H