El largo pleno de junio del Ayuntamiento de Castellón terminó con las comparecencias de la alcaldesa, Amparo Marco, y la vicealcaldesa y concejala de Vivienda, Ali Brancal, a petición de Castelló en Moviment. Lo hicieron ante representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Castellón, que fueron llenando el salón de plenos.

Marco rindió cuentas sobre, según CSeM, «filtración de datos confidenciales y la criminalización de las familias afectadas por los desahucios». «No he desvelado información confidencial. No ha sido el gobierno el que ha facilitado nombres, edades o dirección exacta de un desahucio. Nunca, jamás», espetó. «Los técnicos dicen que no se ha vulnerado ninguna ley», dijo. «Hay mucho camino por recorrer, pero ninguna familia ha dormido una noche a la intemperie. Siempre ha tenido a los servicios sociales a su lado», aseguró. «Es una estrategia política lamentable y torticera. Dijo que había cerrado el círculo de los desahucios y no lo ha hecho», le recriminó Del Señor, y también la portavoz del PP, Begoña Carrasco, mientras que Vidal advirtió que «se está jugando con familias».

Por su parte, Brancal dijo que «a través del convenio con el colegio de abogados se han atendido 106 casos en 2016 y la colaboración con la Asociación en Defensa de los Consumidores (Adicae) ha permitido la atención de 91 familias desde junio del 2016». También denunció la situación que en la que se encontraron el parque de viviendas sociales, «un parque de 220 casas desatendidas, sin control, con viviendas ocupadas por personas sin autorización, con familias que ni se sabía que existían». Paz Beltrán, por su parte, insistió en que «hay 150 familias esperando vivienda social, los desahucios no han cesado y la bolsa está vacía».