La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, censura el “silencio incomprensible” del Ministerio de Fomento a las demandas que se le han trasladado en los últimos meses. Las cinco cartas remitidas desde la alcaldía a los titulares del área de infraestructuras del Gobierno central no han tenido contestación por parte de los dirigentes del Partido Popular. “Castellón aporta millones de euros todos los años a la financiación del Estado a través de los impuestos y no recibe la atención que se merece”, se lamenta.
Marco ha remitido escritos al Ministerio en los que trasladaba las reivindicaciones de la capital de la Plana en lo referente a los proyectos de comunicación de Castellón, en especial los Cercanías a Valencia y al norte de la provincia, la llegada de AVE, el Corredor Mediterráneo y la liberalización de la autopista AP-7. “El Ayuntamiento quiere defender la ‘agenda de Castellón’ ante todas las administraciones públicas implicadas, pero el Gobierno de Rajoy ni siquiera nos quiere escuchar”, afirma.
Desde la alcaldía de la capital se remitieron cartas a la entonces ministra Ana Pastor, al ministro en funciones, Rafael Catalá, y al titular actual, Íñigo de la Serna, en tres ocasiones, en octubre, abril y junio, pero ninguno de los escritos ha obtenido respuesta. La alcaldesa también le solicitó una reunión a De la Serna, con motivo de la visita del ministro hace unas semanas a Castellón con motivo de la circulación en pruebas del AVE.
Marco ha puesto en conocimiento del ministro de Fomento el malestar de los usuarios del servicio de Cercanías, debido a la supresión de trenes, recorte de frecuencias y alteración de horarios que están sufriendo en los últimos meses. Además, ha exigido al Gobierno que el tramo del Corredor Mediterráneo esté operativo lo más pronto posible, tras la decisión del Ministerio de Fomento de cancelar de manera definitiva los contratos de obra del tramo del Corredor Mediterráneo entre Vandellòs y Castellón.
Entre las demandas históricas de Castellón, la alcaldesa también incluye la gratuidad de la autopista de peaje AP-7. Marco pide al Gobierno que confirme el final de la concesión de la explotación cuando concluya el periodo de explotación, en 2019, y que renuncie a cualquier fórmula de gestión que no sea la de la gestión pública, con un uso abierto y gratuito en todo su trayecto.
