La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de Castellón y remarcó que, pese a las limitaciones en la venta de alcohol en la calle, «las tascas no cerrarán a las 22.00 horas, por lo que los castellonenses podrán seguir disfrutando de este punto central de ocio». «No cabe recurso, por lo que el Ayuntamiento de Castellón lo único que puede hacer es cumplir la sentencia», insistió.

Desde el Ayuntamiento, explicaron que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana insta a la administración local a velar por el cumplimiento de la prohibición de vender y suministrar alcohol en las calles de las tascas a partir de las 22.00 horas. Esta resolución, puntulizaron las mismas fuentes, se refiere, exclusivamente, a la venta de alcohol para su consumo en la calle, quedando excluidos los locales, terrazas y los espacios expresamente autorizados. Ello no significa, en ningún caso, que los locales deban cerrar a las 22.00 horas. Dentro de su establecimiento, en sus terrazas, podrán desarrollar su actividad y vender alcohol hasta el horario autorizado, dependiendo de sus licencias. Lo que no podrán es vender bebidas alcohólicas para su consumo en el exterior, fuera de los espacios autorizados.

críticas AL PP // Esta resolución forma parte del procedimiento judicial iniciado por la asociación Castelló Sense Soroll cuando denunció, en 2009, que el Ayuntamiento no controlaba la venta y suministro de alcohol para su consumo en las calles Barracas e Isaac Peral a partir de las 22.00 horas y hasta las 7.00 horas.

Es una polémica de hace años. Por lo que desde el actual equipo de gobierno -PSPV y Compromís- tras conocer la sentencia firme del TSJCV, lamentaron ayer que se trata de una situación heredada que se arrastra «porque el Partido Popular no supo gestionar este tema en su momento» y recordaron que el equipo de gobierno actual «ha mantenido una postura de diálogo con todas las partes implicadas para intentar llegar a un consenso sobre este tema». Sobre este extremo se pronunciaron también los propietarios de las tascas, asegurando que «los servicios jurídicos del Ayuntamiento han trabajado codo con codo con los empresarios».

En base al fallo de la sala de lo contencioso-administrativo, sección 5ª, del TSJCV, de 14 de diciembre del 2016, el Ayuntamiento de Castellón está obligado a pagar las costas del proceso, que ascienden a 1.500 euros por todos los conceptos.