La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, refrenda la voluntad del Gobierno municipal de mantener para el 2019 el modelo de fiscalidad municipal «de manera que la carga económica para la ciudadanía se distribuya según criterios de justicia y progresividad». Desde el primer momento, recuerda, este ha sido el objetivo: «Pagar de acuerdo a la capacidad económica de las personas, dentro de la rigidez de las leyes estatales».
Según la munícipe, el Ayuntamiento es «sensible» a la realidad económica de las familias castellonenses y por eso ha hecho «todos los esfuerzos para corregir las subidas que había impulsado el Gobierno de derechas». Asimismo, sostiene que la política fiscal del anterior Gobierno local fue «lesiva» para la gran mayoría y apunta que desde el 2015 «estamos trabajando para reducir el efecto sobre las economías domésticas».
Marco pone en valor los esfuerzos realizados en los últimos tres años y recuerda que el Pacte del Grau acordó el año pasado un paquete de medidas que profundizaban en este cambio para equilibrar los distintos impuestos.
Señala que se redujo en más de 900 millones el valor catastral de los inmuebles, primera reducción de ese valor en décadas.
«Por segundo año consecutivo, descendió el IBI urbano y también el rústico. Bajó un 7% el impuesto de obras y construcciones y se mantuvo la reducción del 50% de la ocupación de vía pública para mesas y sillas», recuerda. «La justicia social es un referente de las políticas de cambio del Gobierno de Castellón», asevera.
