Más de 1.100 castello-nenses están a la espera de poder percibir la llamada renta garantizada de ciudadanía que concede la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En la actualidad, hay 1.861 castellonenses titulares de esta ayuda, según datos facilitados por la Administración autonómica. Sin embargo, hay otras 1.127 solicitudes pendientes de resolución.

El presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Santi Agost, califica esta renta como necesaria, pero insuficiente. Según indica, en un principio, estaba determinada por el presupuesto que había, con lo que, en cuanto se agotaba el dinero de la partida, no se otorgaban más, lo que era un inconveniente serio.

Ante esta situación, el actual Consell puso en marcha un plan de choque, que incluyó la consideración de la partida presupuestaria de la renta como crédito ampliable y la aprobación de un decreto ley para agilizar trámites, según fuentes de Conselleria.

Otro inconveniente, explica Agost, era la lista de espera. «Se está viendo, incluso ahora, aunque han recortado los plazos, que en determinadas poblaciones de la Comunitat hay lista de espera de hasta un año y, si esta renta es para subsistir, ¿qué tiene que hacer esta persona durante ese año?», se pregunta. El PSPV provincial denunció el 16 de diciembre que los expedientes en la provincia de Castellón acumulan una demora de entre 9 y 14 meses debido a la situación «heredada del PP», y aseguró que se había contratado más personal para agilizar la tramitación para que el plazo baje a 3 meses.

MÁS BENEFICIARIOS // Esta subvención será sustituida en un futuro por la renta valenciana de inclusión. Agost valora que si se aplica tal como está planteada «nos parece una buena ley». A su juicio, supondrá un «avance» porque aumentará el número de beneficiarios y que cada usuario cobre más renta, lo que implicará más presupuesto y más recursos humanos para llevarlo a cabo.

Agost también ve positivo que se aumente la dotación para que los ayuntamientos puedan contratar personal para Servicios Sociales, como trabajadores sociales, y contar con equipos interdisciplinares, como psicólogos, educadores y administrativos, para que estos últimos puedan asumir el papeleo y liberar a los trabajadores sociales.