Los demandantes de ayudas públicas para sufragar el alquiler de vivienda en la provincia de Castellón superan los 3.400 ciudadanos en la convocatoria de este año. Según los datos de la Conselleria de Vivienda, por registro han entrado 3.435 solicitudes de la provincia, que suponen un 19%, casi la quinta parte del global de expedientes, 18.000, en toda la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, la cifra definitiva de subvenciones concedidas está por ver, ya que en Castellón sí que hay 1.837 peticiones completas; mientras que el resto, 1.598, necesitan algún tipo de subsanación, alegación o documentación. Un plazo que acabó el pasado 6 de octubre. Con todo, la lista definitiva de las ayudas autorizadas aún no está disponible, por lo que los potenciales beneficiarios deberán esperar algo más. Desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio apuntaron esta semana que «dado el elevado volumen de expedientes, todavía se está en proceso de revisión», por lo que no tienen una fecha de publicación de los beneficiarios definitivos.

Las ayudas, eso sí, se concederán por concurrencia competitiva, es decir, «se establece un orden de prioridad entre las distintas solicitudes presentadas, en función de una comparación previa en base a los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras. Los créditos disponibles se atribuirán hasta que se agotasen los fondos», apuntan.

200 EUROS AL MES / Uno de los requisitos fija un límite de alquiler y de ingresos de los solicitantes, que no podrán ser superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Las subvenciones pueden llegar hasta un 40% del precio del alquiler con hasta 2.400 euros anuales (200 al mes).

LA GUÍA / Por primera vez, este año la Generalitat realiza una aportación adicional de un 10%, hasta un máximo de 3.000 euros, para aquellas personas con especial vulnerabilidad. Se subvencionarán todos las facturas de alquiler desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

Además, también se han ampliado los grupos prioritarios y se han flexibilizado las ayudas para que lleguen a más personas.

Por ello, además de las personas afectadas por un desahucio, los jóvenes menores de 30 años y las familias monoparentales y numerosas, tendrán prioridad las personas con diversidad funcional, las mujeres víctimas de violencia de género, los jóvenes extutelados y las personas con renta garantizada de ciudadanía reconocida. Asimismo, se mantiene la extensión a cualquier municipio, al margen de su número de habitantes.