La reforma fiscal que ha entrado en vigor en el 2015 tiene en vilo a buena parte del tejido asociativo castellonense, como ha informado Mediterráneo esta semana. Se trata de un entramado social potente y muy variado, formado nada menos que por casi 7.400 asociaciones en la provincia. La nueva regulación obliga a todo tipo de entidades sociales, culturales, asociaciones cívicas y clubes deportivos a declarar el impuesto de sociedades, por pequeño que sea su tamaño y aunque no tengan ánimo de lucro. La medida supone, sobre todo, una complicación administrativa que dificultará la gestión diaria de unas entidades que muestran su indignación y rechazo ante la norma. El anuncio del Ministerio de Hacienda de que estudiará “suavizar” el efecto incorpora incertidumbre, aunque también esperanza.
