La Mesa de la Minería, el órgano de la Comunitat en el que, desde el 2011, se analizan los problemas y se promueven iniciativas dirigidas a garantizar la extracción de minerales, se reunirá el próximo martes, día 20, con el fin de poner las bases del borrador de la futura ley de minas, pero también para intentar acelerar los expedientes que, desde hace casi dos décadas, permanecen bloqueados, lo que puede repercutir a medio plazo en el suministro de materia prima, como es el caso de la arcilla en el sector azulejero castellonense.
La reunión de esta mesa, que no se daba como tal desde hace dos años, ha sido convocada apenas unos días después de que Mediterráneo se hiciera eco de la inquietud que viene provocando el bloqueo de expedientes durante los últimos 17 años por parte de la Generalitat. En la reunión se pondrá de manifiesto dos maneras diferentes de afrontar el problema; por un lado, las empresas pedirán celeridad en la resolución de los expedientes en el actual marco legal, mientras que el Consell prevé avanzar en el borrador de lo que quiere sea la futura ley de minas de la Comunitat, un «asunto muy complejo», tal como coinciden en señalar todos los actores en este asunto.
Este órgano consultivo, que está integrado por la Federación Empresarial de Industrias Extractivas de la Comunitat Valenciana (Fiecova), y las consellerias de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, prevé poner fin a un bloqueo en la renovación de permisos que, en algunos casos, están datados desde el año 2000. Así sucede con Arcillas de Morella, conocida entidad impulsora de los últimos hallazgos paleontológicos en esta zona de la provincia.
La Asociación de Empresas Áridos Comunitat Valenciana (Arival), entidad que forma parte de Fiecova y aglutina a las empresas que abastecen a las empresas cerámicas, entiende que la prioridad no está en legislar, sino en desbloquear los permisos, ya que el marco legal que debe darse es «extremadamente difuso en lo que concierne a aspectos competenciales», explican algunos de los empresarios consultados.
Para el presidente de Arival, Ricardo Rodríguez, «legislar sobre este asunto puede llegar a ser un tema controvertido», puesto que la competencia a la hora de establecer un marco normativo obedece al Estado, mientras que las comunidades autonómas tienen en su mano la gestión. De ahí que una ley de minas, entiende el sector, partiría con un problema de base de difícil resolución, explican diversas fuentes.
