La consellera de Sanidad, Carmen Montón, eludió ayer, durante su visita al Hospital Provincial de Castellón, cualquier tipo de responsabilidad después de que la Fiscalía haya archivado el caso de las facturas del centro, cuyo montante ascendía a 33 millones de euros, al considerar que se trata de irregularidades administrativas y no constituye un delito. Esta visita de Montón es la primera que realiza a la provincia tras la decisión del Ministerio Público, por lo que la comparecencia se centró en este asunto.

La consellera defendió que si se detectan nuevas irregularidades en este centro se procederá «de la misma manera» y se denunciarán los hechos, porque la «obligación» del Consell es «velar por el dinero de los valencianos».

Explicó que cuando llegó el nuevo equipo de la Conselleria de Sanidad «se encontró con un informe de la intervención y también con un exgerente, que entregó ante notario un documento con irregularidades administrativas por 33 millones de euros». «Además confluía que había vinculada una empresa que estaba dentro de la conocida trama Gürtel de financiación irregular del Partido Popular», puntualizó.

dimisión // Sobre la petición de su dimisión por parte del presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, la consellera eludió responder y replicó que los 33 millones de euros «de facturación irregular recaen tanto en Carlos Fabra como en Moliner». Por tanto, según la socialista, es «él quien debería dar algún tipo de explicación sobre estas irregularidades administrativas que deberían estar desterradas de la gestión diaria, y en ningún caso le deberían llenar de satisfacción».

El archivo del fiscal hace referencia a extractos del centro efectuadas entre los años 2003 y el 2015, aunque el Ministerio Público indicó que la Intervención de la Generalitat considera que se siguió facturando del mismo modo en el 2016. A este respecto, la consellera defendió que ese informe «hace alusión al periodo anterior a este gobierno».