Las previsiones se cumplieron y Carmen Montón será la nueva ministra de Sanidad tras tres años como consellera en esta misma área. Se va a Madrid, pero deja unas cuentas pendientes en la Comunitat Valenciana que tendrá que asumir la persona que la sustituya, especialmente en un Hospital Provincial de Castellón en ebullición tras la sentencia que anula el despido de 17 trabajadores y que tumba la política de personal de la todavía consellera.
Los empleados del centro sanitario se reunieron ayer en asamblea junto al representante de CCOO para decidir las próximas iniciativas a llevar a cabo ante esta decisión judicial. Una de ellas era, precisamente, manifestarse contra Montón con motivo de su asistencia al consejo de gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial del próximo viernes, un trago por el que no tendrá que pasar la aún consellera de Sanidad.
READMISIÓN DE TRABAJADORES
Y es que los trabajadores reclaman la aplicación de la sentencia que obliga a readmitir a los 17 trabajadores cuyas plazas fueron amortizadas, y la vuelta a la mesa de negociación con las condiciones previas al consejo de gobierno del 26 de octubre del 2016, cuyo punto 10 fue anulado por el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Castellón.
En la reunión, según fuentes sindicales, se empezó a perfilar una acción judicial conjunta de los trabajadores despedidos, entre los que aproximadamente una decena ya ha manifestado su intención de recuperar el empleo perdido en el Provincial.
La etapa de Montón como presidenta del consejo de gobierno del Provincial se ha caracterizado por el constante enfrentamiento entre las dos partes representadas en este órgano: Conselleria y Diputación provincial, ambas con un 50% de votos.
Un ejemplo es la denuncia impulsada por Montón en junio del 2016 por irregularidades en las facturas del hospital en el periodo comprendido entre el 2003 y el 2015, en la que la acusación apreciaba delitos de prevaricación o malversación. Sin embargo, la fiscalía provincial de Castellón archivó las diligencias de investigación penal, ya que consideró que las irregularidades eran administrativas o contables.
Los tribunales ya fallaron que los despidos acordados en octubre del 2016 fueron improcedentes y se abonó la indemnización marcada por el juez; y un centenar de denuncias por el pago de la productividad de distintas anualidades fueron resueltas a favor de los demandantes.
