El senador territorial de Compromís por Castellón, Carles Mulet, no solo ha solicitado y llevado ante la Fiscalía al Ayuntamiento castellonense de la Serratella por no haber retirado un símbolo franquista que ya ha sido eliminado --en este caso cubierto en la fachada del consistorio--, como informó Mediterráneo, sino que son abundantes los municipios en los que la petición ha llegado tarde, es decir, cuando ya se había dado cumplimiento a la ley de la memoria histórica.

Es lo que se desprende de documentos remitidos por primeros ediles de poblaciones de distintos lugares de España que el senador de Compromís ha colgado en la web senat.compromís.net, en el contexto de la documentación que recoge por su campaña en la que ha remitido misivas a más de 2.000 municipios para exigir el cumplimiento de la norma. Entre ellos, algunos de los muchos cuya respuesta etiqueta Mulet como «impertinente» o «cambiadas antes, pero impertinente».

Ejecución un año antes

Es el caso de Yunclillos, en la provincia de Toledo, desde donde la alcaldesa, María Jesús Redondo, informa que el 18 de julio del 2016 se procedió al cambio de los nombres en diversas calles y plazas del municipio (plaza de España, por José Antonio; avenida de la Constitución, por calle General Franco...), una acción que se reclamó, según la misiva, por parte del Senado y a propuesta de Carles Mulet en julio del 2017 por segunda vez pese a que ya se había ejecutado un año antes.

La alcaldesa ironiza con enfado sobre la cuestión y anima a los senadores a que «hagan posibles mejoras reales en los pequeños municipios de menos de 1.000 habitantes» como el suyo.

En Gordaliza del Pino, población leonesa, se repite el error de hacer la solicitud cuando ya se ha realizado la sustitución (sumado a otro en el registro del Instituto Nacional de Estadística -INE-); al igual que en Terrer, en Zaragoza; o en Cubillas de Cerrato, en Palencia. En otros lugares, la carga de ironía de las respuestas es mayor y, por ejemplo, además de invitar a Carles Mulet a conocer el pueblo, en este caso, Rionegro del Puente, en Zamora, su primer edil, José A. Colino de la Cuesta le anuncia que, «en el caso de que esta entidad local acuerde del cambio de denominación» de la plaza José Antonio, tendrán «muy en cuenta» denominarla con el nombre del propio senador «en honor a su persona».

Protestas

La campaña del castellonense ha provocado, entre otras reacciones y no pocas contrarias, la protesta de alcaldes de municipios pequeños que han visto llegar cartas del Senado que les piden la retirada de símbolos franquistas, lo que requiere un dinero que, aseguran, no tienen.

Ejemplo de esta situación, pero corregido y aumentado, es el del municipio castellonense de la Serratella, desde donde su primer edil, Alfonso Arín (PP), reiteró este lunes que el escudo franquista instalado en la fachada del ayuntamiento de la localidad lleva más de un mes tapado en cumplimiento de la ley. Recordó que en el 2016 «ya se eliminó la Cruz de los Caídos que había a la entrada del pueblo», y atribuyó el retraso en responder a «la falta de personal y a la cantidad de trabajo que tiene que atender un municipio tan pequeño».