La primera ordenanza municipal de Castellón para la prevención y control del mosquito tigre contempla severas sanciones a quienes incurran en infracciones muy graves, lo que puede penalizarse hasta con 3.000 euros, según se contempla en el texto que ahora se ha remitido para su análisis al grupo de ordenanzas y reglamentos de Participación Ciudadana del Ayuntamiento.
Esta ordenanza establece hasta un total de 13 actuaciones de carácter general de obligado cumplimiento, que abarcan desde el mantenimiento de balsas y fuentes, piscinas, hasta sistemas de climatización. También se refiere a acciones específicas en cementerios, granjas de animales, talleres mecánicos o depósitos de neumáticos, entre otros cuestiones, según informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado.
El texto hace especial énfasis en la necesidad de una colaboración de los ciudadanos para erradicar la proliferación del mosquito tigre. “Necesitábamos elaborar una ordenanza que contemplara medidas para prevenir o minimizar” la aparición de estos mosquitos, según la concejala de Salud Pública, Sara Usó, quien recordó que, de los avisos recibidos el año pasado, “el 80% de los focos se encontraba en suelo privado, por lo que nos encontrábamos con problemas al no poder actuar”.
EN SUELO PRIVADO // La ordenanza quiere dar respuesta a todas estas circunstancias y que las actuaciones preventivas se den tanto en los espacios públicos como en los privados. “La colaboración ciudadana, desde el ámbito privado, es muy necesaria para ser eficaces en la lucha contra el mosquito”, indica Sara Usó, de ahí que desde su departamento se haya programado un calendario de charlas que permita concienciar a la población sobre los lugares en los que prolifera este insecto y la manera de combatirlo.
Algunas de las medidas, hoy en fase de estudio, se circunscriben en evitar balsas de agua en objetos situados al aire libre, mantener limpios los abrevaderos y cubrirlos con mosquitera, poblar las fuentes ornamentales con peces rojos, a la sazón depredadores naturales de larvas.
Otras recomendaciones se ciñen en mantener las piscinas en condiciones higiénicas, vigilar los pliegues de las lonas exteriores y los sistemas de climatización comunitaria o la prohibición de usar bañeras y frigoríficos en desuso como abrevaderos y talleres mecánicos, entre otras.
La ordenanza municipal, que deberá pasar por pleno para su puesta en marcha, prevé sanciones que van de los 60 a los 750 euros en el caso de infracciones leves; de 751 a 1.500, si son graves; y de 1.501 a 3.000 euros, en circunstancias muy graves. H
