La Generalitat se apoyará en los ayuntamientos para construir colegios y cumplir uno de los objetivos estrella de esta legislatura: decir adiós a los barracones. Lo anunció el president, Ximo Puig, en un debate de política general en el que la educación tomó el poder de la palabra, con el plurilingüismo como eje, y el avance de un ambicioso plan de centros escolares con 700 millones para levantar 200 centros nuevos y rehabilitar otros 500 en toda la Comunitat, sin territorializar.
¿Cómo lo hará? Conveniando o delegando competencias con los municipios, cooperadores necesarios -como ya pasó con el Xarxa Llibres- y voluntarios. Poniendo esos 700 millones a disposición municipal, y dando a los alcaldes las llaves para acometer la infraestructura, desde la elaboración de los planos, la licitación del proyecto, la adjudicación, puesta en marcha y recepción de las obras, además de poner a los técnicos de la Administración local al servicio de la autonómica, para colaborar. Y, lo ejecutará a través de una modificación de la Ley de Régimen Local, ya propuesta a la mesa de la comisión mixta de la Administración, en la que se sientan el Consell, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y las diputaciones.
En el trasfondo está que a Educación le faltan manos para sacar adelante esta iniciativa, una de sus prioridades, tras un primer plan de infraestructuras escolares 2016/19 a medio gas tras dos años: faltan 39 de las 73 actuaciones previstas hasta diciembre del 2017 en la Comunitat. En Castellón, con el Cardenal Tarancón de Burriana y el Nuevo Pedro ALcázar de NUles terminados, pero el Regina Violant de Almassora, iniciado, pero en paro técnico; o el Jaume I de Vinaròs, ambos aún en barracones, entre otras actuaciones por acometer, como el Vicent Marçà de Castellón (ver gráfico).
1. El objetivo: completar elprioritario mapa de centros
El plan de construcción de centros del Consell es una iniciativa global que permitirá completar el mapa autonómico de infraestructuras educativas. La previsión es llegar a 200 colegios o IES, nuevos; y reformar otros 500. Es más ambicioso que el anterior, que preveía 124 nuevos y 116 adecuaciones -32 en Castellón-, con 483 millones, y al que el conseller de Educación, Vicent Marzà, ya dijo en Les Corts que no se llegaba. Tras el pufo de Ciegsa, que dejó sobrecostes millonarios --y proyectos, como el del Maestro Canós y el Elcano, en la capital, que se han quedado en eso, en proyectos--,Marzà tomó las riendas y se hizo cargo de las ver necesidades y plantear un plan. Sin embargo, la Conselleria se topó con un embudo administrativo, y no da abasto por sí sola, por lo que busca socios municipales: ellos tramitan y gestionan la obra, la Generalitat la paga y supervisa.
2. En Castellón hay 11.000alumnos en prefabricadas
Al inicio de la legislatura, Educación se encontró con 11.008 alumnos totales en la provincia de Castellón en barracones, con 10.286 alumnos que necesitaban centros de nueva construcción, de ellos 1.486 íntegramente en prefabricadas y 8.800 centros antiguos, con 722 alumnos parcialmente en barracones. Las cifras, que han bajado tímidamente con la puesta en marcha de, por ejemplo, el Cardenal Tarancón de Burriana o Nuevo Pedro Alcázar de Nules, que volvieron este año al cole con edificio propio, no son suficientes para este Consell, que busca fórmulas nuevas para cumplir al máximo la promesa del Govern del Botànic. Marzà y Puig lo han dicho y reiterado: «Revertir esta situación es prioritario para este Gobierno de las personas».
3. Delegar competencias cambiandola Ley de Régimen Local
A la búsqueda de las fórmulas para poder implicar a los ayuntamientos, «que quieran y tengan dinero», la Generalitat propone una modificación de la Ley de Régimen Local, que dice que «se podrá delegar la ejecución de funciones y encomendar la gestión de las actividades y servicios a las entidades locales que, por sus medios, puedan asumirlas» y que «será a propuesta del departamento o departamentos del Consell, con una delegación de competencias mediante decreto o convenio». El director general de la Administración Local, Antoni Such, explicó que «el objetivo es agilizar las tramitaciones», y activar «cuanto antes el nuevo plan de infraestructuras educativas que anunció el president, sin abandonar las competencias». «Los ayuntamientos que quieran y tengan capacidad financiera para hacerlo, podrán licitar y construir colegios, y la Generalitat lo financiará, con un plan de pagos», especificó, señalando que «ya hay municipios que se han interesado, como Segorbe». En la capital, el concejal de Educación, Enric Porcar, lo califica de «muy positivo». Y señala que «debe verse como una oportunidad que se abre a los ayuntamientos, pero siempre como complementaria, pues es la Generalitat quien la debe capitanear». No obstante, señala «la alta carga de contratación de algunos municipios», y el efecto de «una ley Montoro que no permite contratar más personal».
4. Las primeras críticas llegan de las diputaciones
Las primeras críticas al plan, cuya activación está a la espera de que salga esta nueva normativa, llegan de las diputaciones. La de Castellón, presente en la reunión del jueves de la comisión mixta de la Administración Local, plantea «dudas». La diputada Elena Vicente-Ruiz pregunta «si los ayuntamientos deberán avanzar dinero de sus arcas, pudiéndolo dedicar a otras competencias que sí son municipales, y no de la Generalitat» o «si los ayuntamientos también pagarán». «Lo primero, no nos parece bien los ayuntamientos tengan que asumir competencias que no son suyas», dijo, en la misma línea que el presidente popular de la Diputación de Alicante, César Sánchez, que no le ve «justificación», según Efe.
5. Un presupuesto diferente por caso,que el municipio podrá completar
Será la Conselleria la que determine el presupuesto para cada actuación escolar que pidan los consistorios, teniendo en cuenta criterios como la población escolar, y el estado del centro. Si un Ayuntamiento cree que es insuficiente, tendrá libertad para completar la partida reservada por la Generalitat que, por otra parte, permitirá a los que no consuman toda la partida reinvertirla, siempre en dotaciones escolares. Desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que actuará como interlocutor de los ayuntamientos interesados, su presidente, el socialista Rubén Alfaro, lo valora «en positivo». «Los ayuntamientos somos los más interesados en que esos proyectos educativos vean la luz después de años de gestiones», opinó. Ahora, hay que ver ayuntamiento a ayuntamiento, las necesidades y la dotación. //
