Los alrededor de 3.000 dependientes de la provincia de Castellón que solicitaron a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la devolución de las cantidades correspondientes al copago cobrado ilegalmente entre 2012 y 2015 tendrán que esperar. Y es que la Conselleria que dirige Mónica Oltra priorizará el abono de las ayudas a los nuevos dependientes frente a la restitución de deudas del Gobierno anterior.

Como publicó Mediterráneo, el 23 de septiembre venció el plazo para presentar las solicitudes de reclamación patrimonial referentes a la devolución de las cantidades en las que vieron recortadas las prestaciones por dependencia y copagos en los centros entre el 2012 y el 2015. El plazo de seis meses para recibir respuesta terminó, por lo que legalmente la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo. No obstante, en sede parlamentaria, Oltra aseguró que las iba a devolver, como exige la Plataforma de Castellón, que indica que seguirá reclamando hasta el último día de legislatura el pago de esos importes (queda un año para alcanzar esa fecha).

Desde el departamento que dirige Mónica Oltra detallan que su «prioridad es que todas las personas con derecho a una prestación la perciban y después seguirá resolviendo el resto de situaciones heredadas del Gobierno anterior». «La vicepresidenta ha explicado en numerosas ocasiones que la prioridad es que las personas que están fuera del sistema entren al mismo», aclaran.

Destacan que la lista de espera se ha rebajado en alrededor de 3.000 personas esta legislatura.

Indican que en Castellón hay 7.676 beneficiarios, mientras que cuando se produjo el cambio de Gobierno eran 4.614 y había más de 5.000 personas en lista de espera. «La mejora ha sido posible por el cambio de prioridades en las políticas del Consell, que han puesto en el centro a las personas y que se ha traducido en un importante incremento presupuestario que necesita también de un aumento de personal, limitado por las restricciones del Ministerio de Hacienda», declaran.

CONTRATA FUNCIONARIOS // Desde el gabinete de Oltra subrayan que a pesar de estas dificultades, desde la Conselleria se ha dotado de estructura la resolución de las peticiones de responsabilidad patrimonial, que en el 2015 resolvía una única persona. Para este año está previsto una acumulación de tareas que permitirá la contratación temporal de 12 puestos funcionariales y el fichaje de otras siete personas con carácter estructural y con cargo a los presupuestos del ejercicio 2018.

Además, señalan que el Gobierno del Botànic «puso fin al copago confiscatorio». Asimismo, dicen que desde la Conselleria se ha informado a todas las personas que se vieron afectadas por los actos del antiguo Gobierno de su derecho a reclamar la devolución del copago impuesto en su día.