La Diputación provincial exigirá hoy en el pleno al Gobierno que asuma la amortización de las obras y el coste del funcionamiento de las desaladoras de la provincia pero esto está lejos de suceder. A pesar de que en los últimos meses se han producido negociaciones entre Acuamed y los representantes de los cinco municipios que firmaron años atrás el convenio para abastecerse de las dos plantas (Cabanes-Orpesa y Moncofa), el acuerdo no se ha producido y las posturas incluso se han distanciado tras el cambio en el Ejecutivo central, según ha podido saber este diario.
Al parecer, las demandas municipales se han endurecido, tal y como algunos ayuntamientos han aprobado en los últimos meses en el pleno, donde han solicitado que Acuamed asuma totalmente, y durante sus 25 años de vida útil, el coste de funcionamiento de las plantas y la amortización de las infraestructuras, que tienen que entrar en producción el año próximo si el Estado no quiere devolver las ayudas que la Unión Europea aportó para su construcción a través de los fondos Feder y que ascienden a unos 33,3 millones de euros.
La primera planta que deberá entrar en funcionamiento es la de Cabanes-Orpesa, cuyo plazo para su puesta en marcha acaba en marzo del 2019. Y también por esas fechas se deberá comenzar a desalar agua marina en las instalaciones de Moncofa.
Con la exigencia que hoy lleva el equipo de gobierno al pleno, los dirigentes de la Diputación tratan así de presionar para que el Ejecutivo central asuma el coste de las instalaciones y los gastos de explotación, que ascenderían, en el caso de que se cumpliesen los planes de los informes de viabilidad de ambas plantas, a unos 360 millones de euros en sus 25 años de vida útil.
