La asociación de paranyers Apaval dice no entender que los aficionados tengan que ponerse en manos de colectivos conservacionistas para lograr un permiso que les avale como anilladores, censadores o colaboradores científicos y no lo puedan hacer a través de organismos públicos que tienen transferidas la gestión medioambiental, como es el caso de la Generalitat. Para su presidente, Miguel Ángel Bayarri, “no hay voluntad política” en una administración que “actúa bajo el dictado y los criterios de sus direcciones nacionales”, señaló ayer.

Apaval reiteró su propósito de adaptar esta práctica cinegética a los criterios que marca el actual contexto regulador, pero recordó que las decisiones judiciales que la rechazaban, lo hacían tomando como base un antiguo convenio. “No hay ningún problema a la hora de asumir otros sistemas totalmente compatibles con la ley, como es el caso francés, o el cambio a otros utensilios como es el caso de las redes abatibles japonesas”, señaló Bayarri. Lo que no se entiende desde el colectivo de paranyers es que “la autorización --individual o colectiva-- esté en manos de agrupaciones anticaza”, explicó su presidente.

VOLUNTAD // La asociación asevera que el caso francés y el chipriota, “donde se dan casos parecidos, demuestran que si los estados quieren, estas prácticas se pueden regular, pero hace falta voluntad política para ello”, según Bayarri, quien puntualizó que “estas licencias no deben ser diferentes al resto de las que expide una Administración pública”, de ahí que no entiendan que tengan “que depender de asociaciones que, por su naturaleza, van en contra de los intereses de los aficionados a esta práctica”.

Bayarri sí coincidió ayer con el director general de Medio Natural, Antoni Marzo, en el número de reuniones que se han venido realizando en los últimos meses entre Apaval y Conselleria para buscar una solución, aunque el presidente de los paranyers señaló que “terminaron en fracaso”.

Desde Apaval, que agrupa a unos 1.400 aficionados, se incidió en que “están abiertos al diálogo”, pero no ven “ningún interés político en resolver el asunto”. H