La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) reclama a la Conselleria de Bienestar Social que en el nuevo cálculo del dinero de bolsillo que les queda a los dependientes tras el copago se busquen fórmulas para no discriminar en función del tipo de programa o servicio que perciben o, por ejemplo, si este es de la pública o de la concertada.

La directora general de Aerte, Mª José Mira, explica que desde la Conselleria les han dado trámite de audiencia para presentar las alegaciones que Aerte considera ante los cambios propuestos tanto en la orden de octubre de 2012 como el decreto de agosto de 2013 que, entre otras cosas, regulan las cuantías a pagar por parte de los usuarios beneficiarios de servicios sociales y/o dependencia.

Los cambios que propone el Consell se basan en una mejora económica a las personas ya sean mayores, que sufran algún tipo de discapacidad o en situación de dependencia que reciben servicios públicos en cuanto a que les aumenta el dinero de bolsillo para otros gastos que puedan tener, como ropa o medicamentos. También flexibiliza en algunos extremos el acceso a la prestación del cuidador familiar o del asistente personal.

Desde Aerte solicitarán a la Conselleria “la igualdad entre personas”. “Es inconcebible que se establezcan diferentes mecanismos, sistemas y fórmulas dentro de un servicio con idénticas características y ante situaciones económicas y de dependencia y/o discapacidad iguales”. Por ello, pide “que no haya diferencia entre centros públicos, privados concertados o privados subvencionados”. “Dos personas que accedan al sistema de atención social o sociosanitaria deben tener las mimas oportunidades si están ante un mismo nivel de ingresos y un mismo grado de discapacidad o dependencia y, si no es posible, al menos debemos tender hacia ese punto”, indica.

Respecto a las cuantías, solicitan que se considere la renta económica de las personas en términos netos, esto es, después de las retenciones tributarias que se les apliquen. “Es un dinero que entendemos que estaría doblemente gravado, pues no son cantidades que se les puedan tener en cuenta como dinero de bolsillo si nunca llegan a recibirlo, puesto que se lo queda el Estado”, dice.

Por último, dado que hay sentencias judiciales que ya lo confirman, piden que cualquier documento al que deba acceder el beneficiario, su familiar o su tutor respete la libertad de elección del centro o profesional del que necesite recibir los servicios. H