El comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal provincial valenciana CEV aprobó ayer por unanimidad exigir a las organizaciones fundadoras de la patronal autonómica Cierval (CEC, CEV y Coepa) el reintegro de subvenciones a la Administración y la responsabilidad civil derivada de supuestos ilícitos penales.
CEV informó ayer, vía comunicado, de que sus órganos de gobierno, comité ejecutivo y junta directiva, han acordado respaldar cuantas acciones llevan a cabo tanto su presidente, Salvador Navarro, como los vocales que representan a la CEV en los órganos de gobierno de Cierval.
Se lavan las manos, de este modo, ante cualquier responsabilidad que se pueda derivar de los procesos concursales en los que se hallan inmersas tanto las provinciales de Castellón y Alicante como la propia autonómica Cierval.
En esta línea, desde la CEV se considera que cada una de las partes de Cierval debe «asumir las responsabilidades derivadas de la gestión autónoma de los programas y convenios de los que ha sido y es beneficiada Cierval y afrontar de forma inmediata los requerimientos, habidos y por haber, de la Administración por irregularidades en la gestión».
